Nace en Galicia la primera empresa contra la inclusión indebida en ficheros de morosos

Más de medio millón de personas en España, entre ellas 15.000 gallegos, han sido incluidas indebidamente en un fichero de morosos por una única deuda con una compañía telefónica inferior a 500 euros, según los datos que maneja la empresa Honoriza, que se erige como la primera del sector en especializarse en los procesos legales en defensa de estos consumidores. La mayoría no lo saben hasta que le deniegan un préstamo, una hipoteca o una tarjeta de crédito por este motivo, advierte la compañía, que cifra la indemnización media que le correspondería reclamar a cada una de estas personas por engrosar estas listas negras entre los 6.000 y los 12.000 euros.

De las reclamaciones presentadas en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones en 2016, el 75% fueron favorables a los consumidores, quedando desamparadas las empresas que no pueden acudir a este organismo ni a la Oficina de Consumo. Ante este panorama, Honoriza, con sede en Pontevedra, se propone asistir tanto a particulares como a empresas que aparecen en estos ficheros, principalmente Asnef-Equifax y Experian-Badescug.

Para el economista Pablo Rodríguez, gerente y portavoz de la empresa, la clave está en que “las sanciones impuestas por ello a las compañías telefónicas son tan irrisorias que estas no cambian su manera abusiva de emplear los ficheros, por eso es importante ayudar a la afectados a descubrir cuáles son sus derechos y el dinero que pierden por la falta de información cuando se enfrentan a una situación así”.

Esta empresa, que opera también a nivel nacional, está desarrollando una campaña informativa para afectados, no solo de telefonía, sino en otros ámbitos comerciales y de la Administración donde se producen inclusiones en ficheros de morosos por diversas circunstancias. Con una larga experiencia en el sector de telefonía, Pablo Rodríguez estima que si los aproximadamente 15.000 gallegos que se encuentran en esta situación reclamasen su derecho al honor frente a estas prácticas abusivas, las indemnizaciones judiciales ascenderían a 90 millones de euros, mientras en el ámbito nacional la cantidad total podría alcanzar los 3.000 millones de euros. “Sin embargo, hasta el momento, este tipo de reclamaciones son meramente testimoniales porque los consumidores desconfían o desconocen los procedimientos para estos casos y las cuantías a las que tienen derecho”, apunta.

A las indemnizaciones judiciales habría que sumar el importe de las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que podrían multiplicar esta cifra por cuatro. En 2017, la categoría de la AEPD, ficheros de morosidad, supuso con 6,3 millones de euros un 39,64% del total del importe de las sanciones. Sin embargo, sólo han actuado en 254 casos, frente a los 500.000 incluidos indebidamente, según estima Honoriza.

Otra de las claves está en que si existe una duda razonable, las empresas no pueden incluir al cliente en los ficheros, y en caso de hacerlo, están obligados a advertirlo antes por escrito y también cuando ya lo han incluido. El Tribunal Supremo establece que la inclusión es indebida cuando no se respeta el Principio de Calidad de los Datos. “Incluir el nombre de una persona o empresa en un fichero de solvencia exige la máxima exactitud, ya que afecta a un derecho fundamental como es el derecho al honor”, subraya Pablo Rodríguez.

El economista afirma que lo importante es demostrar que la discrepancia frente a la deuda es razonable, por eso el 100% de las reclamaciones presentadas hasta ahora por esta empresa de mediación han tenido éxito, asegura. “Una vez que se consigue sacar a un usuario del fichero de morosos, este obtiene automáticamente el derecho a la indemnización, que según la jurisprudencia del Supremo, no debe ser simbólica, por lo que se barajan cifras entre los 6.000 y 12.000 euros”, incide el gerente de Honoriza.