El concejal de Seguridad llevará a los tribunales a los 222 policías que se dieron de baja en el Orgullo

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha anunciado que llevará ante los jueces a los 222 policías municipales que se dieron de baja durante la celebración del Madrid Orgullo (Mado), para que estos diriman si ha existido responsabilidad penal. Fuentes sindicales dan por rotas las negociaciones del futuro convenio colectivo, después de que los responsables de Seguridad suspendieran minutos antes de comenzar la reunión prevista para ayer.

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Javier Barbero ha hecho un balance muy positivo de la seguridad en el Mado, frente a las críticas de las concejales del PP y de Ciudadanos, Inmaculada Sanz y Ana Domínguez, respectivamente, que le han acusado de permitir que se rozara la tragedia ante la falta de agentes en las calles. Ambas ediles le han recordado que los agentes se vieron obligados a prolongar su jornada laboral, lo que motivó que muchos funcionarios estuvieran trabajando de pie y sin relevo hasta 15 horas seguidas. "Tuvieron que hacer jornadas maratonianas. No se les facilitó ni una botella de agua ni un bocadillo ni un punto de descanso, como sí ocurrió con otros servicios [en referencia al Samur]", ha criticado Ana Domínguez.

"Los policías estuvieron secuestrados sin saber cuándo iban a ser relevados. Y no diga que es mentira porque a ellos se les revuelven las tripas ante tanta falsedad", ha añadido Sanz, que ha acusado al responsable de Seguridad de vivir "en los mundos de Yupi".

La concejal del PP ha hecho una descripción muy detallada de lo que vivieron los policías aquellas fechas: "Sufrieron suspensión de los descansos, prolongaciones de jornada, puestos con un solo agente, colocación de vallas en lugares en donde debía haber agentes, jornadas de hasta 16 hora sy distritos de la periferia con un solo patrulla"

Barbero ha anunciado que se abrirá una investigación interna que actuará "con contundencia" al dejar sin funcionarios "un servicio esencial en una situación de riesgo". Ha recordado que España se encuentra en nivel 4 de alerta antiterrorista, pese a lo cual 222 policías se dieron de baja "intencionadamente". El concejal, para el que "no vale todo", ha acusado a los policías que no acudieron al servicio de provocar situaciones de inseguridad a la ciudadanía, con el único motivo de conseguir un aumento salarial. También le ha achacado que su medida provocó una sobrecarga de trabajo sobre sus compañeros, que no pudieron descansar o conciliar con sus familias.

Ante estos hechos, el concejal ha ordenado al departamento de Asuntos Internos que investigue a fondo a los agentes que se dieron de baja y va a pedir responsabilidades en el ámbito penal. Para ello, va a presentar toda la documentación en el juzgado para que lo estudien los jueces. Barbero ha mantenido que tras estas ausencias del servicio hay "razones políticas o sindicales". "El servicio estaba planificado desde hacía mucho tiempo con órdenes de servicio. En estos días no se registró ningún incidente reseñable", ha destacado el edil de Seguridad. Este ha agradecido la coordinación que ha existido con la Delegación del Gobierno en Madrid y la actuación de los agentes pertenecientes a la Unidad de Apoyo a la Seguridad (especie de antidisturbios de la Policía Municipal) y a la Unidad Especial de Tráfico, entre otras.

Los sindicatos de la Policía Municipal han visto con especial preocupación la intervención del concejal de Seguridad. Consideran que, tras 10 días de parón en las negociaciones por el nuevo convenio colectivo, se ha roto la posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. De hecho, han reclamado que la propia alcaldesa, Manuela Carmena, tome las riendas de las negociaciones para solucionar este conflicto colectivo a la mayor brevedad. Le han recordado incluso que ese fue su compromiso durante la celebración del patrón del cuerpo, el día de san Juan, el pasado 24 de junio.