La extradición como oportunidad

Con diversos acentos y variantes, desde el entusiasmo indepedentista (“el fin de los engaños y mentiras” de la instrucción judicial, ha dicho Torra) hasta la patriótica irritación de los unionistas más radicales (González Pons ha sugerido la salida de España de Schengen) pasando por la crítica mediática, ha habido una transversal coincidencia en plantear la decisión alemana de extraditar a Puigdemont sólo por malversación como un torpedo a la línea de flotación de la causa contra el independentismo.

¿Qué ha dicho el Tribunal Superior de Justicia del Estado Federal de Schleswig-Holstein? Fundamentalmente, cuatro cosas: Que no hay atisbo de delito de rebelión, ni de sedición, ni siquiera de desórdenes públicos. En ningún caso se aprecia en las actuaciones de los independentistas “la magnitud de la violencia necesaria” para hablar de rebelión. Es decir, que no aconteció nada que no se dé en “manifestaciones, convocatorias de boicot o huelgas”. Y que una interpretación tan abierta de la violencia podría acabar impidiendo el ejercicio de libertades políticas básicas. Puigdemont no buscó el asalto al poder sino la legitimidad democrática a través de un referéndum, como “preludio para entablar negociaciones” con las autoridades españolas.

Que Puigdemont sólo puede ser extraditado por malversación en el uso de dinero público para un acto prohibido. Y, aunque precisa que los datos que ha suministrado la justicia española no han sido siempre coherentes, es a ella a quien corresponde dilucidarlo. El delito de malversación es especialmente objetivable: o se demuestran los pagos o no hay delito.

Que aún afirmando la confianza en la justicia española como garantía de que Puigdemont no tendrá un juicio político, recuerdan que el llamado principio de especialidad no permite que sea juzgado por delito distinto del de malversación. Por si alguien pretendía olvidarlo.

Que deja al expresidente catalán en libertad porque “no podría permitirse la pérdida de imagen pública que supondría una fuga”.

Este relato coincide con una opinión cada vez más extendida, en Cataluña, por supuesto, pero también en el resto de España y de Europa: que la imputación de rebelión es desmesurada y forzada. El 1 de octubre, la violencia la ejerció fundamentalmente la policía y, de hecho, el gobierno lo reconoció al dar a mediodía la orden de cesar en sus actuaciones a la vista del impacto internacional de los acontecimientos. Si a ello añadimos las críticas al modo de proceder del juez Llarena con la euroorden, el varapalo es importante. En el entorno de la derecha, algunos se rasgan las vestiduras: sólo faltaría que después de ganar la batalla de la imagen, el independentismo ganara la batalla judicial. Pero la pregunta que tendrían que formularse es quién nos ha llevado hasta aquí. Y ahí aparece la responsabilidad de Rajoy al subrogar responsabilidades suyas a la justicia en un caso que nunca debió salir de la vía política. Y de Sáenz de Santamaría que urdió la estrategia de derrota del independentismo por vía judicial. En Europa, no se entiende que un gobierno no fuera capaz de tejer una solución democrática.

Que el juez Llarena controle el orgullo herido. Retirar la euroorden puede tener el placer íntimo de condenar a Puigdemont a un largo exilio en Alemania. Pero no ayudaría a la reputación de la justicia española. Cuando se juega un partido se da por supuesto que se aceptan las reglas: No es muy elegante, si te meten un gol, coger la pelota y marcharte a casa. Al acudir a la euroorden se supone que Llarena asumía las condiciones del procedimiento. El resultado no ha sido el que esperaba, lo sensato es aceptarlo deportivamente. Pero Llarena vive las resoluciones de los jueces extranjeros como una afrenta. Y se nota.

La decisión alemana crea un problema de fondo a la justicia española. ¿Cómo salvar el principio de igualdad jurídica? ¿Se puede condenar por rebelión a los independentistas presos y sólo por malversación al presidente que les mandaba o dejarle libre en el extranjero? Puigdemont presentará recurso. La resolución podría llegar cuando los demás ya estén juzgados, anticipando el agravio. Porqué no hacer de la necesidad, virtud. Quizás la decisión alemana pueda contribuir a que la vía judicial acabe en la franja baja de las penas potenciales y, así que, poco a poco, se vaya consolidando la vía política como el espacio natural del que nunca tenía que haber salido el conflicto.