El Govern frena nuevas inversiones y ayudas para cumplir con el déficit

La Generalitat advierte a sus departamentos de “un riesgo elevado” de incumplir las metas fijadas

El vicepresidente económico, Pere Aragonès, junto al presidente Quim Torra, ayer en el Parlament.
El vicepresidente económico, Pere Aragonès, junto al presidente Quim Torra, ayer en el Parlament.Quique García (Efe)

Las consejerías de la Generalitat deberán apretarse el cinturón un año más. El Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda ha enviado una comunicación a todos departamentos en la que les prohíbe convocar nuevas líneas de subvenciones, iniciar inversiones, encargar estudios técnicos no planificados o servicios al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Estas medidas, que se aplicarán “de inmediato”, obedecen al “riesgo elevado de incumplimiento del objetivo de déficit” y de la “regla de gasto” para este año debido a que la “evolución de los gastos” está siendo “muy superior a la prevista”.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue remitido a los departamentos de la Generalitat por el secretario general de la consejería, Albert Castellanos, el pasado 29 de junio. La nota pone énfasis en la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit, del 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB), fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El año pasado la Generalitat cumplió por primera vez desde el comienzo de la crisis con la meta establecida al cerrar el ejercicio con un desfase del 0,58%.

Fuentes del departamento que dirige Pere Aragonès aseguraron que el documento en realidad recuerda los principios de la prórroga presupuestaria. Estas fuentes afirmaron que la consejería quiere consolidar la situación de estabilidad del año pasado. Y a pesar de que consideran que la regla de gasto es muy estricta —solo deja que crezca un 2,4%—, su propósito es cumplirla. Además, recuerdan que el gasto este año es superior porque en el primer tamo de 2017 los departamentos estaban pendientes de la aprobación de los Presupuestos.

La comunicación recuerda que, pese a cumplir con el objetivo, la Generalitat ha tenido que elaborar un Plan Económico y Financiero (PEF) —pendiente de aprobación— al sobrepasar la regla de gasto. Y este año, advierte, esa situación puede volver a repetirse. Con un agravante: hay “un riesgo elevado” de incumplir el objetivo de déficit. La Generalitat advierte de que ello conllevaría “una serie de consecuencias negativas”, desde “medidas correctivas hasta medidas de cumplimiento forzoso”.

Medidas adoptadas

Vicepresidencia también se muestra preocupada por la “imagen de solvencia de Cataluña” ante los agentes financieros en caso de incumplimiento. Ello se debe fundamentalmente a que una eventual desviación no estaría cubierta por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo cual tendría “consecuencias directas” en los plazos de pago.

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Para evitar que se materialice “desvío” de los gastos y la adopción de “medidas coercitivas”, la consejería insta a los departamentos a emprender acciones. En concreto, las consejerías no podrán convocar nuevas líneas de subvenciones ni ampliar las ayudas en marcha; no podrán iniciarse nuevas inversiones aunque estas estén planificadas en el PEF; tampoco se encargarán estudios técnicos o proyectos de obras no programados; no se iniciarán nuevas actuaciones, y no se encomendarán nuevos contratos de servicios al CTTI. Vicepresidencia tampoco autoriza modificaciones presupuestarias si no es por “cuestiones de urgencia y necesidad”.

El documento añade que todas estas medidas deberán “aplicarse inmediatamente” y seguirán vigentes hasta que “desparezca el riesgo de incumplimiento de los objetivos fiscales”. El texto lamenta que las “buenas perspectivas” económicas no se trasladen de inmediato a las finanzas catalanas. Al cobrar con anticipos, hasta la liquidación del modelo al cabo de dos años la Generalitat no puede recoger las ganancias o pérdidas de recaudación respecto a lo previsto.

Negociación “inmediata” con Hacienda

En el documento, Castellanos anuncia que Vicepresidencia iniciará “de forma inmediata” negociaciones con el Ministerio de Hacienda para abordar los “incumplimientos de acuerdos” —financiación de Mossos o disposición adicional tercera— o la revisión de los objetivos fiscales, que tienen que servir para para incrementar los ingresos de la Generalitat. En total, el consejero Pere Aragonès ha cifrado en 6.000 millones de euros la deuda que debe abonarle el Gobierno central. “La soberanía económica de este Govern implica necesariamente la mejora de nuestra financiación y, a la vez, la garantía de unas finanzas equilibradas y sostenibles”, concluye la comunicación.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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