Colau desenchufa al Ayuntamiento de las eléctricas convencionales
La energética municipal da servicio desde este domingo a edificios del Ayuntamiento y alumbrado público y, a partir de enero, a 20.000 familias
El Ayuntamiento de Barcelona se desenchufa este domingo de las empresas eléctricas convencionales. Tanto el alumbrado público como los edificios municipales consumirán solo electricidad de la comercializadora pública que ha puesto en marcha el gobierno de Ada Colau. La nueva eléctrica ha sido bautizada como Barcelona Energía y es la comercializadora 100% pública más grande de España, aunque existen proyectos similares en Cádiz y Pamplona. Además, el Consistorio asegura que toda la electricidad que comercializa es “100% verde”. Según la alcaldesa, la puesta en marcha de Barcelona Energía supone un “cambio de paradigma” y permite al Consistorio tener una “política energética propia” sin depender de los grandes operadores.
El equipo de BComú prometió la puesta en marcha de la eléctrica en la campaña electoral de 2015. En julio de 2016, presentó una medida de gobierno que suponía una transición hacia la “soberanía energética”. Y anunció que su objetivo era revertir el modelo energético basado en combustibles fósiles y grandes operadores. Unas empresas que, según Colau, “no son sensibles con la pobreza energética”. Durante estos meses, el Ayuntamiento ha instalado placas solares sobre edificios públicos y privados y construido 12 pérgolas generadoras de energía solar.
Desde hoy, Barcelona Energía da servicio a 3.908 puntos de suministro del municipio. Entre ellos, oficinas municipales, casetas de parques y jardines, equipamientos culturales, viviendas municipales, mercados, centros deportivos, cementerios, la iluminación de las calles y los semáforos. Según los datos del Consistorio, la entrada en funcionamiento de la comercializadora pública supondrá un ahorro económico municipal de 710.000 euros al año.
La previsión es que en enero de 2019 hasta 20.000 familias podrán contratar al consistorio la electricidad. El límite de 20.000 hogares se debe a que las leyes de competencia impiden a una empresa pública servir a más del 20% de los clientes privados.
