Dimite el exalcalde del PP de Santa Pola investigado por corrupción
Miguel Zaragoza renuncia al acta municipal y a su escaño en la Diputación de Alicante
El exalcalde de Santa Pola por el PP Miguel Zaragoza, investigado por presunta corrupción, ha anunciado su dimisión como concejal de este municipio alicantino y como diputado provincial responsable del área de Bienestar Social. “No puedo permitir que mis compañeras y compañeros, concejales y diputados provinciales, vean afectado su quehacer diario para con los ciudadanos sufriendo continuos ataques por mi situación procesal. Ese es el principal motivo de mi dimisión”, ha asegurado en un comunicado de prensa.
En otro comunicado, el PP de Alicante ha agradecido su “generosidad” y ha alabado su “compromiso y entrega en favor de los ciudadanos a lo largo de toda su vida política”. La dirección provincial del Partido Popular ha expresado también su “convencimiento” de que la trayectoria pública de Zaragoza ha estado presidida “por la única y exclusiva finalidad de servir y ayudar de manera altruista a las personas, especialmente a las más necesitadas”.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detuvieron a finales del pasado mes de febrero al exalcalde, su hermana Pilar, al marido de ésta -el exconcejal de Personal Jorge Perelló- y otras cuatro personas por supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. La Policía sostiene que Miguel Zaragoza y su cuñado perdonaron a una clínica médica privada los casi 100.000 euros que debería haber pagado al consistorio entre 2006 y 2016 por el alquiler y las obras de adecuación de unas instalaciones municipales.
A cambio de ese presunto trato de favor, Clínica Gran Alacant SL contrató a Pilar Zaragoza y a dos candidatos que concurrieron a las elecciones municipales en las listas del PP. La hermana del que exalcalde percibió un salario de administrativa durante dos años sin acudir a su puesto de trabajo en esa empresa y el ayuntamiento cubrió su absentismo con empleados públicos, según la investigación policial.
El todavía diputado provincial también está a la espera de juicio por un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía pide provisionalmente para él un año de cárcel y siete de inhabilitación al acusarle de consentir los ruidos que generaba una discoteca ilegal en una playa de su municipio.
Zaragoza asegura en su comunicado que nunca ha cometido, “por acción u omisión, acto alguno que pueda ser reprochable ni ética ni jurídicamente”, durante los doce años que dirigió la corporación de Santa Pola (2003-2015). Está seguro de que podrá demostrar su inocencia y defender su “honor” y atribuye su dimisión, que hará efectiva en los próximos días, a un acto de responsabilidad. “Los que nos dedicamos a la política debemos dar ejemplo de honestidad y coherencia con nuestra propia conducta y valores para con la sociedad y para con el partido político al que perteneces y las siglas que representa”, precisa.
El político alicantino ya presentó su dimisión ante los órganos de dirección del PP y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, tras conocer su imputación. Pero su renuncia no fue aceptada en ese momento porque conllevaba su sustitución como diputado provincial por un alcalde, Carlos Ramírez, de San Fulgencio, que había sido expulsado del Partido Popular tras ser condenado por prevaricación.
Ese obstáculo ya ha desaparecido. Este mismo miércoles, el pleno de San Fulgencio tomó conocimiento de la dimisión de Ramírez. Esa decisión implica también la renuncia a ocupar el puesto que Zaragoza deje libre en la Diputación Provincial, según fuentes del PP.
El exalcalde de Santa Pola (31.000 habitantes) perdió en mayo de 2015 la mayoría absoluta de la que había gozado durante tres legislaturas. El nuevo gobierno local, un cuatripartito de izquierdas comandado por el PSOE, revisó su gestión y denunció ante la Fiscalía diversas irregularidades.
En junio del pasado año, la UDEF detuvo a José Miguel Zaragoza, intendente-jefe de la Policía Local de Santa Pola y hermano del primer edil, al exconcejal de Seguridad Antonio Pérez Huerta y otras nueve personas, entre agentes municipales y empresarios, por un supuesto fraude en la compra de uniformes. Otra de las operaciones derivadas de esa denuncia del actual equipo de gobierno ha terminado ahora con la carrera política del exalcalde popular.
