Madrid capital

Empezaré con una afirmación sobradamente conocida: Madrid es la capital de España y de la Comunidad Autónoma. Además, es el mayor municipio de nuestro país, con más de tres millones de habitantes y un ámbito de influencia de más de seis. Sin embargo, esta realidad no siempre es tenida en cuenta por el resto de las instituciones del Estado. Tras la intervención económica del Ministerio de Hacienda y la imposición de un Plan Económico Financiero con consecuencias dramáticas para la ciudad, creo que es el momento de recuperar el debate sobre las competencias y la financiación del Ayuntamiento de Madrid.

El 25 de mayo de 2016, el Pleno municipal aprobaba una proposición para solicitar una Ley Autonómica de la ciudad de Madrid, una iniciativa que trasladaba la necesidad de clarificar y ampliar las competencias del municipio en materias tan importantes como servicios sociales, vivienda, promoción económica y empleo, juventud, políticas de igualdad, urbanismo, patrimonio, sanidad o turismo entre otros. Se trataba de una ley en la línea del Pacto Local de 2003, un texto que afecta al conjunto de los Ayuntamientos de la Comunidad y que, de momento, permanece en el cajón de las leyes no desarrolladas. La iniciativa también abría el debate sobre la financiación municipal y la conveniencia de establecer un modelo no finalista.

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Las bondades de la propuesta son evidentes, puesto que la cercanía aporta eficacia y eficiencia, es decir, mejora los servicios a los ciudadanos y rentabiliza los recursos disponibles. Además, la clarificación de competencias y su simplificación entre las diversas administraciones aporta instrumentos a los profesionales y ayuda a la ciudadanía a conocer mejor sus derechos. De este modo se acabaría con esa pesadilla que resultan las múltiples ventanillas de la Administración.

Clarificar las competencias en el ámbito de los servicios sociales y delegar su gestión al Ayuntamiento de Madrid mejoraría enormemente el trabajo de los profesionales así como sus recursos para atender de manera integral las necesidades de las personas en situación de dependencia, pobreza o en riesgo de exclusión social. También sería positivo para la economía madrileña que la ciudad tuviera mayores competencias en promoción económica y empleo, actividad turística o vivienda.

Además, empieza a ser urgente la necesidad de que Madrid cuente con instrumentos de cooperación técnica con otros municipios, a fin de afrontar políticas y actuaciones dirigidas a combatir la contaminación o a mejorar la movilidad en su área metropolitana.

Tras años de gestión municipal y miles de debates sobre los beneficios de la autonomía local, tenemos la obligación de afrontar esta cuestión en el contexto del debate territorial e incorporar la reflexión respecto al cambio de nuestro Estatuto de Autonomía. La claridad sobre las competencias de las Administraciones locales y la tranquilidad sobre su financiación son esenciales para garantizar la seguridad que requieren los ciudadanos respecto a los servicios que reciben, puesto que afectan a sus derechos. Es el caso de los servicios sociales, la seguridad ciudadana, la vivienda o el empleo.

Sería muy positivo que un futuro Estatuto de Autonomía recogiera esta demanda de la ciudad de Madrid, una gran ciudad europea, capital de España y de la Comunidad Autónoma.