Lavapiés

Han pasado varios días desde lo sucedido en Lavapiés y aún no puedo entender algunas de las cosas que sí sucedieron, más allá de las especulaciones. No puedo entender que el Gobierno municipal tardara horas en explicar a los madrileños y madrileñas lo que venían contando vecinos y vecinas, testigos y Policía. Explicaron lo sucedido pero lo hicieron muy tarde.

Según la información oficial quienes sí estuvieron a la altura fueron los profesionales del Ayuntamiento de Madrid —Policía Municipal, Bomberos y Samur—, haciendo su trabajo al atender a una persona que requería sus servicios y afrontar la situación creada ante los disturbios de acuerdo a sus competencias.

En cualquier caso, y junto a la crítica, creo que tenemos la obligación política y ética de traer a primera línea algunos problemas que este conflicto vuelve a destapar, y actuar pensando en la ciudad y en los ciudadanos y ciudadanas que viven en ella, sea cual sea su situación administrativa y su origen.

En primer lugar, pensemos en Lavapiés, un barrio de enorme riqueza por la diversidad de las personas que lo habitan, que cuenta con un 25% de población extranjera, y que requiere del apoyo del Gobierno local para impulsar su creciente actividad social, económica y cultural, pero también para contribuir a mejorar la vida de todos sus vecinos y vecinas, especialmente de aquellos que tienen más dificultades.

Lavapiés se merece más respeto por parte de los representantes públicos. Nuestras declaraciones no deberían empañar la imagen de un barrio que siempre se ha caracterizado por su apertura, su integración y su convivencia multicultural e intergeneracional. Lavapiés siempre ha sabido encontrar vías pacíficas y dialogantes para resolver sus problemas. Quienes estamos en la vida pública debemos aportar soluciones a los problemas en lugar de generar crispación.

Madrid acoge a muchas personas que han huido de la pobreza, la violencia y la desigualdad en sus países de origen, y que a menudo encuentran exclusión y discriminación en nuestro país. Ante esto se hace imprescindible trabajar en políticas que incorporen a la vida ciudadana a quienes están en una situación administrativa irregular con propuestas como la tarjeta de vecindad, un documento vinculado al acceso a servicios municipales y actuaciones de carácter social, económica y cultural.

Hace año y medio que el Gobierno municipal tiene este proyecto encima de la mesa, puesto que fue aprobado en el pleno a propuesta del Grupo Municipal Socialista, y sin embargo aún seguimos esperando su puesta en marcha.

Es legítimo levantar la voz contra las injusticias del sistema capitalista, pero pierde legitimidad quien puede desde un Gobierno contribuir a cambiar las cosas y no lo hace. Es el momento de actuar.

Purificación Causapié es portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.