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El juez rechaza el recurso de una asociación de abogados para que Cifuentes entregue las actas del Canal

García Castellón recuerda que la "documentación" forma parte "del acervo probatorio" que estudia el juzgado

Vicente G. Olaya
Cristina Cifuentes interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid el jueves pasado.
Cristina Cifuentes interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid el jueves pasado.Uly Martín (EL PAÍS)

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de reforma interpuesto la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), para que el Gobierno regional de Cristina Cifuentes (PP) entregue a la oposición parlamentaria (PSOE, Ciudadanos y Podemos) los llamados papales del Canal de Isabel II. El juez, tal y como adelanta EL PAÍS, considera que la documentación que los abogados reclaman (unos 80 documentos) "está incorporada a las actuaciones (el conocido como caso Lezo) y "forma parte del acervo probatorio, por lo que es el juzgado a quien le toca decidir si es procedente la entrega de la documentación".

García Castellón sostiene que, por tanto, "no ha lugar a la reforma del auto dictado" el 20 de enero pasado, por el que dictó que "se acuerda no hacer entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid".

La comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid fue abandonada por el  PP el 8 de enero al considerarse “linchado". Sus miembros (PSOE, Podemos y Ciudadanos) siguen reclamando los papeles del Canal de Isabel II tras meses de infructuosas peticiones. Una providencia judicial, que el Gobierno regional asegura que “traspapeló” cinco meses ante la incredulidad de la oposición, dio luz verde al envío, y un auto judicial que luego lo cortó. Ambas decisiones procedían del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional donde se investiga el caso Lezo.

La primera fue emitida el 21 de agosto por el juez Fernando Andreu, que se encontraba temporalmente al frente del juzgado. En ella se decía que la entrega de los documentos se regía por disposiciones administrativas, donde un juez de instrucción no tiene nada que decir. Los diputados no supieron nada de esa contestación hasta el pasado 15 de enero. Se produjo un “error humano”, se excusó el Ejecutivo y el fax no siguió el protocolo marcado y se perdió. Una vez detectado, comenzaron a remitir los papeles.

Ahora el magistrado concluye que deberán seguir esperando hasta que él dé luz verde.

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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