La Comunidad Valenciana es la tercera con más cibercriminalidad

Lo advierten los propios expertos en inteligencia. Los ataques contra lo que llaman infraestructuras críticas del Estado -redes, servicios y equipos de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción pueden afectar a la salud, la seguridad y bienestar ciudadano o a la propia gobernabilidad de un país- y la ciberdelincuencia son una realidad al alza. Así lo han manifestado en la II Jornada de Ciberseguridad organizada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y que se ha celebrado por primera vez en Castellón.

La jornada ha tenido como objetivo analizar el grado de blindaje de la seguridad virtual. También los riesgos que alimenta la incorporación de la informática y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) a todas las parcelas de la vida diaria de los ciudadanos, como el fraude informático, las amenazas y coacciones, el acceso e interceptación ilícita de información, delitos sexuales o falsificación informática.

Las cifras aportadas por el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, en la clausura de este congreso corroboran la alerta de los expertos. Según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, la Comunidad Valenciana cerró 2016 con 9.043 hechos conocidos (ciberdelitos) frente a los 7.601 de 2015, convirtiéndose en la tercera autonomía española en la que más cibercriminalidad se registró. Ello representa el 13% de la ciberdelincuencia de todo el país, siendo el fraude informático el principal tipo delictivo y el que más aumenta, hasta un 20%.

Sobre la provincia anfitriona del encuentro, los datos arrojados no muestran un escenario distinto. Castellón cerró 2016 con 870 infracciones penales conocidas, cerca de un 11% más que en 2015, y encabezando el listado los delitos relativos al fraude informático, las amenazas y coacciones y la falsificación informática. “Por estos hechos se detuvo o investigó a cerca de un centenar de personas en la provincia”, ha informado el delegado. Así, de los 870 hechos denunciados en Castellón, 587 fueron fraudes informáticos y 129 amenazas y coacciones. Les siguen 47 hechos de falsificación informática, 41 delitos sexuales, 32 hechos contra el honor, 20 hechos de acceso e interceptación ilícita, once de interferencias en los datos del sistema y tres contra la propiedad industrial e intelectual.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido e imputado en todo el país a más de 20.000 ciberdelincuentes en solo cuatro años, según los datos del Estudio sobre la cibercriminalidad en España elaborado por el Ministerio del Interior y que aglutina las cifras de 2012 a 2015. Un documento que dibuja un negocio ilícito en auge, donde sólo en el último ejercicio se detectaron más de 46.860 víctimas y 60.000 posibles hechos punibles. La mayor parte fueron fraudes y estafas informáticas (67%), seguido de amenazas y coacciones (16,8%).

Con todo, Moragues ha sido tajante: la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para el Gobierno, y ha subrayado la apuesta por invertir “en seguridad, inteligencia y tecnología para afrontar la creciente complejidad de una sociedad conectada a Internet”.

En este punto emerge AlertPIC, la nueva aplicación móvil que está ultimando el Ministerio del Interior y que asegura, en el caso en que se produzcan incidentes, una comunicación rápida, fiable, segura y fluida entre el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad y los operadores de infraestructuras críticas. Un listado que incluye desde las centrales y redes de energía, las comunicaciones, las finanzas, el sector sanitario, a la alimentación, el agua -embalses, almacenamiento, tratamiento y redes-, los transportes -aeropuertos, puertos-, monumentos nacionales, así como la producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas, material químico, biológico o nuclear.

“Gracias a esta aplicación, la primera de su clase a nivel internacional, podrá intercambiarse información y ficheros en tiempo real como canal de comunicación alternativo ante situaciones de crisis, permitiendo realizar llamadas directas para comunicar alertas, notificación de incidencias y difusión de comunicados, entre otros servicios”, ha explicado el delegado.

La app, basada en Alertcops –una instalación con cerca de 90.000 alertas procesadas y más de 200.000 usuarios- fue presentada el pasado mes de noviembre en el V Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales de Madrid.

La jornada celebrada en Castellón ha contado con más de medio centenar de participantes, procedentes de diferentes ámbitos y departamentos de la administración pública, como Guardia Civil, Policía Nacional, agentes municipales o técnicos informáticos; además de representantes de empresas.