El independentismo negoció otro proceso constituyente antes de la investidura fallida de Puigdemont

La formación anticapitalista ya reveló el pasado lunes por la noche, la víspera de la prevista sesión de investidura, que el acuerdo estaba “bien encaminado”. La diputada de la CUP Natàlia Sánchez, en los pasillos del Parlament, citó tres ejes del pacto, que aún no estaba cerrado y que quedaba pendiente de perfilar: la puesta en marcha de un proceso constituyente; la supresión de las subvenciones a los colegios que segregan por sexo y la reversión de la privatización de la compañía Aigües Ter-Llobregat para que volviera a manos públicas.

Más información

El Supremo mantiene a Forn en prisión pese a que renunció a su escaño

Cataluña se encamina a otro bloqueo

Los flecos del acuerdo iban a ser rematados la mañana del martes, antes del pleno de investidura. Tenían tiempo, porque la sesión estaba convocada a las tres de la tarde. Las tres partes quedaron sobre las diez de la mañana, pero la reunión se frustró porque los representantes de ERC, según coinciden Junts per Catalunya y la CUP, no se presentaron. ERC asegura, por el contrario, que no existía “un acuerdo en ningún caso” y que solo era una propuesta que debía seguir discutiéndose.

Los republicanos sostienen que no se desmarcaron del documento ni dieron ningún plantón a los otros dos grupos independentistas, sino que simplemente llegaron tarde a la cita. Marta Rovira, número dos de ERC, sin entrar en detalles, declaró ayer a la Agencia Catalana de Noticias que las conversaciones estaban avanzadas para acordar un plan de gobierno pero que aún “no estaba cerrado de forma definitiva”.

Multirreferéndum

El partido republicano salió así al paso después de que el eldiario.es publicara el documento. La dirección de los anticapitalistas difundió entre su militancia el texto, de cuatro páginas, recalcando que no era un plan de gobierno, sino una serie de puntos sobre la mesa. Miembros de Junts per Catalunya y de ERC coinciden en que en el preacuerdo figuraba impulsar una “asamblea constituyente”. Según el documento, esa asamblea estaría formada por los diputados del Parlament y representantes de organizaciones sociales, y sus debates darían lugar a una serie de propuestas para materializar la república que serían finalmente sometidas a un “multirreferéndum”.

Puigdemont necesitaba, para ser investido en primera vuelta, el voto de 68 diputados independentistas, y por tanto precisaba imperiosamente los cuatro escaños de la CUP. Ahí se inscribe que Junts per Catalunya cediera a reivindicaciones históricas de la izquierda anticapitalista como la de acabar con los conciertos a escuelas que segregan por sexo o la reversión de privatizaciones.

“El acuerdo estaba muy maduro”, afirmó Francesc de Dalmases, diputado de Junts per Catalunya, el mismo día de la investidura fallida. “Solo faltaban flecos. Habíamos hablado de las auténticas estructuras de Estado que queríamos. De la escuela, de los Mossos, de sanidad, de los medios de comunicación...”. El documento retrata un momento de la negociación y, en sus antecedentes, explica que los tres grupos se emplazaron para concretar “coincidencias programáticas” que facilitaran la investidura para “hacer república” y desarrollar políticas sociales. Las tres partes mantuvieron una decena de reuniones y desde el viernes 29 ya fueron tripartitas. Junts per Catalunya dice que el acuerdo rubrica “la investidura de Puigdemont” y la CUP que el documento no implica estabilidad parlamentaria, aunque reitera su compromiso de no permitir que el candidato a president esté condicionado por el Estado. El apartado de ERC estaba pendiente de la última aportación.