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Comín, el delator accidental

De forma voluntaria o involuntaria, el exconsejero huido ha puesto en jaque el futuro de quien fue su ‘president’

El consejero de Salut, Antoni Comín.
El consejero de Salut, Antoni Comín.

El que fuera titular del Departamento de Salud durante el Gobierno de Carles Puigdemont, Toni Comín (Barcelona, 1971), ha terminado por dilapidar —queriendo o sin querer— la carrera política de su president. De él es el móvil y a él iban dirigidos los mensajes captados por una cámara de televisión en los que Puigdemont admite, sin lugar a dudas, su derrota política. “El plan Moncloa triunfa [...] Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado”, rezaban los mensajes que han puesto en jaque al independentismo.

Rodeado de tradición política desde la cuna, Comín es hijo del histórico líder del PSUC Alfons Carles Comín. Antes de abrazar el independentismo de la mano de ERC, el exconsejero de Salud pasó por varias formaciones políticas y fue diputado por el grupo parlamentario socialista en dos legislaturas (2003-2010). Comín, que estudió Ciencias Políticas y Filosofía y es profesor en excedencia en la escuela de negocios ESADE, es el único exconsejero huido a Bélgica que no ha renunciado a su escaño.

El baile de siglas ha estado presente en todo su periplo político. El exconsejero se inició en la plataforma de corte federal impulsada por el expresident de la Generalitat Pasqual Maragall, Ciutadans pel Canvi, que entró al Parlament en coalición con el PSC. Tras su disolución, en diciembre de 2011, Comín se afilió al PSC. No tardó, no obstante, en mostrar sus desavenencias con la dirección del partido, sobre todo por la cuestión soberanista, hasta el punto de fundar la Asociación Socialisme, Catalunya i Llibertat, una plataforma que defendía, entre los socialistas, el “derecho a decidir”.

En 2014, Comín se dio de baja del PSC y empezó a hacerse querer por ERC, que incluso le ofreció el tercer puesto en su lista a las elecciones europeas. Al final lo rechazó, pero comenzó a hacerse un hueco en la órbita republicana e incluso participó en las negociaciones del plan de choque social que Junts pel Sí quería pactar con la CUP para lograr el apoyo en la investidura de Artur Mas.

En enero de 2016, Comín entra en el Govern de Carles Puigdemont con la cartera de Salud. Más vehemente que su antecesor —el exconsejero Boi Ruiz tenía un perfil más técnico y discreto—, Comín llegó al cargo asegurando que con la independencia se reducirían las listas de espera. “Disponer de un estado independiente nos permitiría recuperar los 1.000 millones que necesitamos para acabar con las listas de espera”, dijo entonces.

Dedicó los primeros meses en el cargo a deshacer o reformar los proyectos más controvertidos del anterior Gobierno y dio un cariz más social a todas sus medidas. También se autodenominó el autor de “la desprivatización más grande del sistema sanitario” al expulsar de la red sanitaria pública a un hospital con afán de lucro.

Amigo del enfrentamiento político, Comín también tuvo severas disputas dialécticas con la oposición e incluso con diputados de su propio grupo parlamentario, como Montserrat Candini (PDeCAT), que criticó sus desprivatizaciones. El entonces consejero le exigió una rectificación.

Comín desafió al Gobierno central al poner en marcha la Agencia Catalana del Medicamento —una de las “estructuras de Estado” pensadas para una hipotética independencia— y la ley de universalización sanitaria, que sorteaba el decreto estatal que fulminó la atención sanitaria gratuita universal. Las relaciones bilaterales mejoraron cuando se desplegó la candidatura de Barcelona para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA): Comín y la ministra Dolors Montserrat firmaron un pacto de no agresión durante esa pugna europea, que se mantuvo con dificultad tras la deriva independentista unilateral de las autoridades catalanas del pasado otoño. Barcelona se quedó sin la EMA.

Tras la aplicación del 155 y la destitución del Govern, Comín huyó a Bruselas donde, lejos de tener un papel más discreto, tomó el mando mediático en la campaña electoral, con mítines a voz en grito llamando “franquistas” a los miembros del Gobierno central.