El PSOE de Las Rozas solicita al Ayuntamiento cobertura jurídica para los vecinos de El Montecillo

El PSOE va a solicitar este miércoles en el pleno que el Ayuntamiento de Las Rozas (gobierna el PP) proporcione cobertura jurídica a los vecinos de El Montecillo que están pleiteando para seguir en sus casas. Fidere, un fondo de inversión inmobiliaria, compró esta urbanización de 400 viviendas protegidas en 2015. En mayo del año pasado las viviendas dejaron de ser públicas y Fidere reclamó a los inquilinos la firma de un nuevo contrato que aumentaba el precio del alquiler un 40% en tres años. 23 familias se negaron a abonar más dinero ya que, en su opinión, las casas siguen siendo públicas. Fidere les demandó y ahora corren el riesgo de ser desahuciadas.

El fondo de inversión explica que “no tiene ningún interés en desahuciar inquilinos” y que su objetivo es que “se firme un nuevo contrato de alquiler”. Las 23 familias entienden que la situación de las viviendas no ha cambiado desde que entraron a vivir en ellas, en 2010, por lo que consignaron judicialmente el alquiler que venían pagando regularmente cada mes, de 700 euros de media. Llevan casi un año abonándolo en un juzgado de Majadahonda. Pese a ello, la mayoría de las familias ha recibido la citación judicial que inicia la expulsión y los juicios se antojan inminentes. “Estamos esperando la fecha. Vamos a luchar hasta el final”, confirma Luis Martínez Eguilaz, uno de los afectados.

Los socialistas pretenden que el Consistorio se haga cargo de los gastos de los abogados y los procuradores de los afectados. En opinión de Miguel Ángel Ferrero, portavoz del PSOE en la localidad, los gastos no serían excesivos: “Estaríamos hablando de unos 1.350 euros aproximadamente por cada familia”. En la moción que defenderán el miércoles, los socialistas también exigen la creación de una comisión de investigación que clarifique tanto la venta de los terrenos como la transmisión de las viviendas. Para Ferrero se trata de un claro ejemplo de especulación: “Ha sido un fraude. Han ido encareciendo el precio de las viviendas hasta poderlas vender como libres. Ojalá el PP tratara a los jóvenes igual que trata a los fondos buitres”.

La Asociación de Afectados de la Vivienda de Protección Pública de Las Rozas, que preside Martínez Eguilaz, se queja de que ni el Ayuntamiento ni la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) les comunicó que se había extinguido la protección de sus casas. Ese hecho les llevó a denunciar al alcalde, José de la Uz (PP), por prevaricación. La demanda fue admitida a trámite en noviembre por el juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda al considerar que el regidor había anulado “antes de plazo” la potestad que tenía el municipio para revertir la compra de suelo. Lo hubiese hecho pagando un 50% de los 10 millones de euros que abonó en 2007 Ferrocarril Intermediación y Patrimonios por construir las viviendas. La empresa quebró y la Sareb se quedó con las casas. En julio de 2015 Fidere las adquirió por 46 millones de euros, una decisión que, según la asociación de afectados, favoreció el alcalde como presidente de EMV.