Las nuevas oficinas para la asistencia a víctimas de delitos ofrecerán atención integral y gratuita
La red tendrá tres oficinas provinciales y diecinueve más repartidas por los 36 partidos judiciales
La nueva Red de Oficinas orientará a las víctimas en los trámites jurídico-legales, les informará sobre los recursos sociales a su alcance y les prestará atención psicológica. El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha recordado que el objetivo del Consell es trabajar conjuntamente para proteger a la población más vulnerable y que "las víctimas no sean las grandes olvidadas".
El presidente ha asegurado que para que la Comunidad Valenciana avance hacia los principios de libertad e igualdad es necesario el compromiso de todos los agentes tanto de la justicia como las fuerzas de seguridad y los agentes sociales. "Necesitamos una política sensible, consciente y eficaz, medios de comunicación que practiquen la responsabilidad social con las víctimas y una administración lo más diligente posible capaz de proteger a las víctimas", ha resaltado Puig.
La consejera de Justicia, Gabriela Bravo, ha afirmado que la nueva red entronca con la apuesta del "rescate de las personas del Acord del Botànic" y el compromiso con las víctimas del delito, "en especial con aquellas que por sus circunstancias sociales, económicas y culturales son más vulnerables al daño".
La nueva red que comenzará a funcionar el 1 de febrero es un servicio de atención pública gratuita que informa, asesora y acompaña a aquellas personas que hayan sido víctimas de un delito. En ellas se ofrecerá asistencia integral y especializada a las víctimas de cualquier delito.
La red de oficina, formada por 22 unidades multidisciplinares repartidas en los 36 partidos judiciales, de la Comunidad Valenciana prestará atención jurídica, ayuda psicológica y asistencia social a las personas que se sientan víctimas, incluso en los casos en los que no se haya presentado la correspondiente denuncia.
Estas dependencias prestarán especial atención a las víctimas de la violencia de género y a los colectivos más vulnerables, como menores de edad, personas con diversidad funcional, personas en situación de exclusión social o víctimas de agresiones sexuales.
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