El ‘procés’ agrieta los colegios profesionales

En los últimos años, el conflicto político por el proceso independentista ha impregnado el día a día de los catalanes hasta el punto que, especialmente desde el pasado septiembre, parecía imposible no posicionarse. Ir por el camino del medio —y buscar la famosa equidistancia— aseguraba recibir críticas de uno y otro lado. Los colegios profesionales no han estado exentos del debate y las asociaciones de médicos, psicólogos, abogados y periodistas han tenido que buscar la manera de representar a todos sus colegiados. En muchos casos, una posición contraria a la actuación del Estado en Cataluña o la búsqueda de la neutralidad han levantado críticas y reproches tanto de los sectores independentistas como de los constitucionalistas.

Los colegios profesionales, según la ley catalana 7/2006 que los regula, son corporaciones de derecho público cuya finalidad es gestionar los intereses públicos de una profesión determinada. En algunos oficios, como el de médicos o el de psicólogos, es obligatorio colegiarse, mientras que en otros es opcional, como en el de periodistas. La normativa catalana, como recordó la semana pasada la plataforma Societat Civil Catalana en un comunicado, no reconoce como función de los colegios el posicionarse ideológicamente o políticamente, y establece que su primera función pública es garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con la práctica del oficio.

A pesar de ello, algunos colegios profesionales empezaron a posicionarse sobre el procés ya en 2012, cuando 40 corporaciones secundaron un manifiesto en el que se apoyaba “la necesidad de que el pueblo catalán pueda decidir libre y democráticamente su futuro colectivo”. Aunque ya entonces suscitó críticas de los colegios profesionales en España, a los que, en muchos casos, los catalanes están subordinados, el pasado septiembre la tensión fue mayor cuando cerca de 50 colegios firmaron un manifiesto llamado Col·legis x referèndum. En este documento, las entidades lamentaban que el referéndum del 1 de octubre no estuviese acordado con el Estado, pero lo defendían como una herramienta inclusiva, y reiteraban el apoyo al derecho a decidir. En un artículo en El Punt Avui, el presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña, Miquel Darnés, reivindicó que, “en circunstancias excepcionales” los colegios no podían separarse de sus colegiados, alegando que el 80% de la población catalana estaba a favor del derecho a decidir.

“Después del referéndum, el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) volvió a publicar un manifiesto sesgado en pro del independentismo y en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y hablaba en nombre de todos los médicos, con lo que dijimos basta, ya que los colegios no están para eso”, explica Ancor Serrano, miembro de la plataforma que redactó el manifiesto Neutralidad en el COMB. Rápidamente consiguieron más de 1.500 firmas para expresar la queja ante la junta presidida por Jaume Padrós, a quien acusan de no ser neutral. “Sirvió de poco”, admite Serrano, “ni retiraron los manifiestos ni los rectificaron, aunque el doctor Padrós cuida más sus palabras ahora”.

Ante las quejas de este grupo de médicos, el presidente del COMB defendió hace unos días que en su anterior programa electoral ya recogía que estaban a favor de “la expresión del derecho a decidir”. En cualquier caso, defendió, “era una manifestación de la junta de gobierno del COMB”, no de todos los médicos de la institución, más de 40.000. “Quizás ahora lo hubiésemos hecho distinto, pero eso no quiere decir que no lo hiciésemos. Lo que no admito es la censura”, valoró Padrós. El médico, que acaba de revalidar como presidente del COMB, admitió que hace unos meses había “una situación excepcional” y “hay gente a la que no le gustó”. Padrós anunció que, a partir de ahora, se remarcará que los posicionamientos “son de la junta”.

Entre los psicólogos, la bronca fue todavía más agria. Cansados de ver que el Consejo General de la Psicología de España no se posicionaba en contra de las cargas policiales del 1 de octubre, unos 50 psicólogos —afiliados a la Asamblea Nacional Catalana (ANC)— decidieron no pagar la cuota obligatoria al organismo español a partir de este enero. El problema es que este pago se hace al colegio catalán (son 50 de los 300 euros anuales que pagan los psicólogos, que tienen que colegiarse obligatoriamente). “Entendemos que es un acto de cara a la galería, porque el impago es con el colegio de Cataluña”, explican fuentes de la junta, que este lunes hará pública una carta en la que recuerda a los colegiados sus derechos y deberes: “Entre las consecuencias de un impago continuado se prevé la expulsión”, alertan. “Al ser un colegio profesional en el que además es obligado colegiarse, no podíamos posicionarnos políticamente”, recuerdan las mismas fuentes.

La división alcanzó también a otras profesiones, como ingenieros o arquitectos, cuyos colegios recibieron quejas por los manifiestos sobre política. En el caso de los abogados, la situación todavía fue más tensa, ya que la decana, Maria Eugènia Gay, elegida recientemente, impulsó la llamada comisión de mediación, que pretendía abrir una mesa de diálogo —que no se materializó— entre las administraciones catalana y española. Gay no solo recibió críticas de un grupo de abogados colegiados catalanes, sino que la propuesta fue rechazada de plano por el Consejo General de la Abogacía Española.

Periodista neutral

El Colegio de Periodistas, que cuenta con un gran abanico de perspectivas entre sus colegiados, optó por la neutralidad desde el primer momento, y no se sumó a los manifiestos comunes. “Ante la situación que se ha generado en los últimos años, tener al lado al Colegio de Periodistas era muy goloso”, explica el portavoz de la entidad, Xavier Puig. Para evitarlo, la junta, presidida por la decana Neus Bonet, decidió salir en defensa del oficio y denunciar las situaciones en las que se impedía el ejercicio del periodismo. Así, se publicaron comunicados para pedir respeto a todos los profesionales, se denunció el formato de comparecencias de prensa de pago que impuso el grupo Mediapro durante el 1 de octubre, y el Colegio, que se sumó al paro de país del pasado 3 de octubre, se posicionó en contra de una posible intervención de los medios públicos catalanes.

“No nos hemos posicionado ni en un lado ni en el otro. Nadie podrá decir que no hemos estado a la altura, pero ir por el camino del medio tiene consecuencias”, admite Puig. La casa dels periodistes, cuya junta tiene que renovarse con un proceso electoral en el próximo año, ha recibido críticas por parte de los sectores más independentistas y de los más constitucionalistas, que en ambos casos han reprochado la neutralidad de la institución. Con unas elecciones a la vista, personas cercanas a la junta prevén que este debate vuelva a surgir y que se presente más de una candidatura.