La confesión de Correa desata las críticas de los partidos valencianos al PP, que guarda silencio

Los partidos valencianos han pedido responsabilidades políticas al PP este miércoles tras la confesión remitida por el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, al tribunal que empezará a juzgarle la semana que viene. En el escrito admitía que recibió dinero negro por montar actos electorales de los populares en la Comunidad Valenciana en los años 2007 y 2008 y que también aceptó pagos de empresarios de obra pública por el trabajo realizado en ambas campañas. El PP de la Comunidad Valenciana ha optado por guardar silencio.

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La mayor censura ha procedido de los socialistas valencianos, que han ejercicio la acusación popular en el procedimiento que empieza a juzgarse el lunes en la Audiencia Nacional. La secretaria de Ciudadanía del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha planteado que "deberían ilegalizar el PP. Lo que ha hecho debe servirnos para hacer un manual de malas prácticas en las que ningún partido debería caer, de cómo utilizar el poder en beneficio propio".

El presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha afirmado que existen "evidencias más que acumuladas de que ha habido financiación ilegal del PP y que se han ganado las elecciones en momentos determinados haciendo trampas", por lo que ha reclamado que se asuman "responsabilidades políticas".

"El actual PP de la Comunidad Valenciana es el viejo PP de la Comunidad Valenciana", ha afirmado Puig, aludiendo al hecho de que parte de sus dirigentes actuales estaban en puestos destacados cuando se cometieron presuntamente los hechos, en la etapa del entonces presidente del partido y de la Generalitat Francisco Camps, entre ellas Isabel Bonig, hoy líder de la formación.

El PP regional ha evitado, por su parte pronunciarse argumentando que no valora casos judiciales ni estrategias de defensa, en referencia a la nueva línea adoptada por Correa, que ya fue condenado a 13 años de cárcel el año pasado por otra de las piezas separadas del caso Gürtel.

El cabecilla de Gürtel ha reconocido ahora lo mismo que confesaron hace meses los empresarios de obra pública que se sentarán en el banquilo tras alcanzar un pacto con la fiscalía: que las sociedades de la red recibieron dinero de estas empresas a cambio de contratos ficticios, los cuales encubrían en realidad pagos de actos electorales del PP. Correa ha añadido, además, que el partido le abonó presuntamente en torno a 2,2 millones de euros de dinero negro por otros actos de las campañas municipales y autonómicas de 2007 y por las nacionales de 2008. Se trata de la tesis que mantiene la Fiscalía Anticorrupción.

Imagen de la Comunidad Valenciana

Las críticas le han llegado también a los populares por el flanco de Ciudadanos. "El PP no tiene tiempo suficiente de pedir perdón por la pésima imagen que se ha dado de la Comunidad Valenciana", ha declarado Mari Carmen Sánchez. "Si tuviera decencia, debería hacer un profundo ejercicio de autocrítica y apostar por una verdadera regeneración democrática en el seno del partido".

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha relacionado la financiación presuntamente irregular que va a ser juzgada en la Audiencia Nacional con otras casos de corrupción: "Nos saquearon y se montaron grandes tramas de corrupción alrededor de los eventos que se suponía que nos iban a sacar de pobres y que lo que han hecho es hundirnos todavía más de lo que estábamos".

Después de que Correa haya señalado a Camps como el hombre que facilitó la llegada de sus empresas a la Comunidad Valenciana, el secretario general autonómico de Podemos, Antonio Estañ, ha reclamado que el expresidente abandone el Consell Jurídic Consultiu, al que accedió tras abandonar la presidencia de la Generalitat en 2011. Una petición que también han realizado los socialistas y Compromís.