El exdirector de Canal 9 tenía el 20% de la empresa clave de la trama Gürtel

No se trataba de una red corrupta que se infiltró y aprovechó del Partido Popular para hacer sus negocios en la Administración. Según la policía, la trama Gürtel mantenía una relación simbiótica con el PP, y en la Comunidad Valenciana el vínculo fue mucho más allá. El informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) realizó tras intervenir la agenda de Pablo Crespo, el número dos de la trama, ofrece abundante información sobre la concurrencia de cargos públicos valencianos en los negocios de Orange Market, la principal sociedad de la red de empresas de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana.

La actividad desarrollada por la trama Gürtel en Valencia “no hubiera podido ser tan prolífica ni tan económicamente ventajosa” sin la participación de cargos de la Generalitat valenciana en los negocios de esta empresa (cuyo cabeza visible era Álvaro Pérez, El Bigotes), que logró más de 20 millones de euros en concursos públicos en los que, según el informe de la policía, se vulneraron los principios establecidos en la Ley de Contratación de la Empresa Pública, como la creación del pabellón de la Comunidad Valenciana para Fitur, la “multitud de actos y eventos” de las consejerías de la Generalitat o la retransmisión de la visita del Papa en 2006.

En este último intervino directamente el entonces director de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García, antiguo jefe de prensa de los expresidentes Eduardo Zaplana y Francisco Camps, quien mantenía una relación muy fluida con El Bigotes, el “relaciones públicas” de la red, hasta el punto de ser padrino de su hija. García no solo propició este contrato. El informe de la UDEF desvela asimismo que era propietario del 20% de las acciones de Orange Market. El exdirector de RTVV figura como miembro del accionariado al mismo nivel que Pablo Crespo (al que el informe otorga el papel principal de control de las operaciones) y que Álvaro Pérez. Su participación solo estaba por debajo de la de Francisco Correa, con un 36% de las acciones, y muy por encima de Mónica Magariños, que tenía el 4% restante.

Tenía el mismo número de acciones que Álvaro Pérez y Pablo Crespo

Crespo realizó un plan de actuación de la mercantil que contemplaba un cambio en la dependencia societaria exterior, una ampliación de capital, un cambio de administrador y la entrada de Magariños, que fue la apoderada de la sociedad, en el accionariado.

El exdirector de RTVV está imputado por blanqueo de dinero, delito fiscal, cohecho, malversación y prevaricación como responsable del contrato de la retransmisión de la visita del Papa, por el que una empresa pantalla, Teconsa, cobró 7,4 millones de euros por montar los monitores de televisión y altavoces en el recorrido de Benedicto XVI por Valencia en su visita de 2006. Según los informes de la UDEF, el coste real del montaje fue de tres millones de euros. Los 4,4 restantes se repartieron entre los integrantes de la trama Gurtel y otros comisionistas.

Según apuntó Crespo en su agenda, que recoge anotaciones realizadas entre el 20 de mayo de 2005 y diciembre de 2007, García cobró medio millón de euros. De acuerdo con el informe de la Agencia Tributaria sobre las contingencias fiscales de Teconsa, García tuvo una “intervención decisiva” para que la organización de Correa resultara beneficiada en la adjudicación de la cobertura audiovisual del evento. Era “el nexo de unión entre la organización (por su estrecha amistad con Álvaro Pérez) y la Televisión Autonómica Valenciana”, así como “el principal responsable” en el ente del contrato que firmó el 10 de mayo de 2006 pese a que los técnicos advirtieron de que la oferta era por el doble de lo que costaba.

El exresponsable de Canal 9 percibió medio millón por el contrato

El informe de la UDEF sobre el contrato refleja que García cobró su parte a través de dos empresas interpuestas con vínculos familiares con su mujer. La adjudicataria instrumental Teconsa y otra empresa de su mismo grupo, Proinsa, abonaron dos facturas a las sociedades Grupo Alvalón 2006 SL y Vinago por los servicios de intermediación en la compra de un solar de las Benedictinas sito en la provincia de Zamora. Tras examinar las cuentas bancarias de ambas sociedades, se comprobó que nada más recibirse los ingresos, el 11 de enero de 2007, se produjeron movimientos que las dejaron prácticamente sin saldo. Coincidiendo con el período de cargos de cheques en las cuentas de las sociedades instrumentales, la esposa de García compró un Volvo XC90 por un importe de 54.475 euros, mediante un cheque de 15.474, contra una cuenta de su marido, y un pago en efectivo de 39.000 euros.