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Juristas cuestionan la vía telemática para investir a Puigdemont

Profesores de Derecho Constitucional rechazan la propuesta aunque Junts per Catalunya cree que existe un margen

Carles Puigdemont, el día 22, en una rueda de prensa en Bruselas.
Carles Puigdemont, el día 22, en una rueda de prensa en Bruselas. AFP

La próxima legislatura en el Parlament está condicionada por la incógnita de si Carles Puigdemont regresará para someterse a la sesión de investidura porque se arriesgaría a ser detenido. Ante ese escenario, Jordi Turull, exconsejero y diputado electo, ha planteado la opción de que Puigdemont participe en el debate desde Bruselas vía telemática. La propuesta ha generado el rechazo unánime de la oposición y hasta sus socios de Esquerra dudan que sea viable. Profesores de Derecho Constitucional la desestiman mientras otros consideran que el debate es absurdo porque consideran que tanto Puigdemont como Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern, ahora encarcelado, deberían poder asistir con normalidad a la sesión porque no han cometido ningún delito.

Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya, afirma que el reglamento del Parlament da margen para hacerlo mientras Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, afirmó esta semana que el plan es "un invento" de Turull y que lo impugnarán porque lo consideran ilegal. El reglamento del Parlament no dice nada, por razones obvias, sobre una investidura telemática. Teóricamente, esa opción obligaría a modificarlo y ahí ya existe un impedimento: el artículo 59 sostiene que las comisiones legislativas de la Cámara se constituyen una semana después de la de investidura. La del reglamento (artículo 60) tiene ese rango y entraría también en funcionamiento una semana después.

"Es que no creo que haga falta llegar a ese argumento", sostiene Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. "Estamos en una democracia representativa y elegimos a unas personas para que estén en la Cámara. Eso es saltarse las reglas del juego, que hemos votado y que conforman nuestro sistema político, para hacerlas a medida de una persona. Eso no comporta ni seguridad jurídica ni es Estado de Derecho, que requiere una previsibilidad", afirma con contundencia."No se sostiene. Las normas no son piezas sueltas de un puzle. Se deben de interpretar dentro de un sistema".

Eso es saltarse las reglas del juego para hacerlas a medida de una persona", afirma Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la UB

Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, ilustró el caso parafraseando esta reflexión de Goethe. "Dijo que los juristas", recuerda el profesor, "tienen más imaginación interpretando las leyes que los poetas el mundo". "Se podría echándole mucha imaginación. Pero el ordenamiento jurídico obliga a participar en un debate y eso no se puede hacer desde Bruselas", alega. Ruiz Robledo otorga en este punto una importancia crucial a la composición de la Mesa porque podría tener capacidad para interpretar al reglamento de forma "imaginativa".

Pero señala otro punto que apenas figura en el debate: que no se obligue a los diputados del Parlament adquirir el acta de forma presencial al ir a jurar o prometer la Constitución a diferencia de lo que ocurre en el Congreso u otros parlamentos autonómicos. Simplemente firman un formulario. "Yo ya no veo ese correcto pero en el derecho parlamentario son muy importantes los usos y precedentes. Es incongruente con toda la tradición del derecho español. Pero es una práctica consolidada, que desde el principio se hacía mal, y no creo que ningún tribunal lo anule", dice en alusión a esa modalidad. Y señala que en el caso de una investidura o un mandato desde el exterior implicaría "retorcer" el derecho y aplicar imaginación a la ley para entender que la "incapacidad" alude a alguien que no está enfermo sino en Bruselas para evitar la justicia.

Se podría echar mucha imaginación pero eso es retorcer el derecho", alega Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

Frente a estas tesis, Joan Vintró, doctor en Derecho y que fue letrado del Parlament, niega la mayor y considera "absurdo" debatir sobre una estricta cuestión del reglamento porque cree que Puigdemont ni Junqueras han cometido delito alguno y que, por tanto, deberían estar en libertad y acudir con normalidad a la sesión de investidura. "Me niego a hablar del reglamento", señala Vintró. "El problema es que hay dos señores que no han cometido ningún delito y su situación es una anomalía. Y no es que lo diga yo. Lo dice un centenar de catedráticos de derecho Penal de toda España de que no hubo rebelión. Es que no hubo ni una gota de violencia", afirma. Vintró alude así al manifiesto suscrito por un centenar de profesores de Penal que califican de error imputar a los políticos el delito de "rebelión" como el de "sedición" por no haberse registrado ni violencia ni haber provocado un alzamiento "tumultuario". Marcel Mateu, profesor de la Derecho de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), defendió, en declaraciones a TV3, que los ocho diputados electos, tanto los de Bruselas como los que están en prisión, puedan delegar el voto porque afectaría a uno de los derechos básicos del ordenamiento jurídico como es el de la participación política.

Es un debate absurdo. Ni Puigdemont ni Junquers han cometido ningún delito y deberían poder asistir con normalidad a la investidura", dice Joan Vintró, doctor en Derecho

Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, apunta que el Tribunal Constitucional ya avaló la última reforma del reglamento. La cuestión es que la oposición ya ha anunciado que en ese supuesto acudirá al Tribunal Constitucional que podría dictar la suspensión automática de la norma. "No se aguanta que un presidente esté en el extranjero", afirma Argelia Queral recordando que el artículo 6 de la ley del president indica que puede delegar en un conseller en cap o un vicepresidente en caso de "ausencia, enfermedad o impedimento". "Se debe entender que es algo temporal. No se puede forzar o reescribir las normas existentes para justificar que una persona que dijo que volvería y que ahora se quiere quedar fuera", insiste. Gabriel Rufián, de Esquerra, fue claro cuando se le planteó si quería que regresara Puigdemont: "Si, si. Lo digo con todo el respeto pero no se puede tener un presidente por Skype".