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La Comunidad deberá reintegrar 5,4 millones a Rivas

El Gobierno regional se quedó con la ayuda que el Ministerio de Vivienda envió al municipio para levantar pisos protegidos

Bulevar del barrio de la Luna, en Rivas.
Bulevar del barrio de la Luna, en Rivas.Ayuntamiento de Rivas

La Comunidad de Madrid tendrá que devolver cinco millones de euros a Rivas-Vaciamadrid, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La cuantía, a la que hay que sumar otros 400.000 euros en intereses de demora, debe ser ejecutada antes de que termine el año y corresponde a una ayuda concedida en marzo de 2010 por el Ministerio de Vivienda (que ahora forma parte de Fomento) a la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas para construir vivienda protegida en la localidad. Un portavoz regional señala que la Comunidad autorizará el pago el viernes, en el último Consejo de Gobierno de 2017, pero no aclara por qué se retuvo la subvención ni para qué se usó el dinero.

La sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM, en una sentencia fechada el 13 de junio, falló a favor del Ayuntamiento de Rivas. En septiembre una nueva resolución, esta firme, exigía al Gobierno regional que devolviera los cinco millones de euros al Consistorio. Este se queja de que el Gobierno regional ha retenido la ayuda durante casi ocho años y exige conocer en qué usaron el dinero los sucesivos gobiernos del PP: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura (IU), recuerda que no es la primera vez que su gobierno inicia un litigio en el que la Justicia termina dándole la razón frente a la Comunidad. En octubre el TSJM dictó una sentencia que imponía al Canal de Isabel II la obligación de abonar al Ayuntamiento ripense 460.000 euros en concepto de impuestos no satisfechos.

El Ministerio de Vivienda, liderado por la socialista Beatriz Corredor, concedió en marzo de 2010 una subvención a Rivas por dedicar más del 50% de suelo municipal a una promoción de vivienda protegida en el barrio de La Luna. En la zona viven más de 12.000 personas (Rivas tiene 85.000 habitantes) y existen más de 4.000 casas, el 60% públicas.

El municipio sopesa acudir a la vía penal

"El posible manejo fraudulento del dinero público ejercido por dirigentes del PP con cargos de responsabilidad en el Gobierno regional y que ahora investigan los tribunales nos lleva a sospechar del destino final de este dinero", denuncia Del Cura.
El regidor plantea, incluso, la posibilidad de que el Ayuntamiento de Rivas lleve la demora en el pago de la subvención estatal al ámbito penal. La EMV de Rivas fue constituida en 2004 y desde entonces ha construido más de 4.000 viviendas protegidas. En 2018 se concluirá una nueva promoción de 224 pisos que completarán el VI plan municipal de vivienda.

La promoción para la que el Estado otorgó la ayuda consta de 1.500 viviendas, todas ellas públicas, pertenecientes al cuarto y quinto plan municipal de vivienda. Tuvo un coste total de 234 millones, con los que se urbanizó el barrio y se levantaron las casas, repartidas en nueve edificios. Las viviendas oscilan entre los 70 y los 110 metros cuadrados, tienen dos y tres habitaciones y tuvieron un precio medio de 120.000 euros. Un portavoz municipal señala que la actuación del Gobierno regional demorando la ayuda estatal, que siempre se ingresa en la cuenta de la Administración regional, ha supuesto un perjuicio al Ayuntamiento, que ha tenido que refinanciar las obras a través de créditos bancarios.

“Varapalo judicial”

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Un portavoz de la Consejería de Vivienda reconoce la resolución judicial y señala que el Gobierno regional autorizará el pago de los cinco millones de euros y los intereses de demora en el último Consejo de Gobierno del año, que se celebra el viernes. Así se lo prometió también al alcalde de Rivas el director general de Vivienda de la Comunidad, José María García, en una reunión que mantuvieron ambos hace varias semanas. Sin embargo, este portavoz regional no explica para qué se utilizó el dinero ni por qué se retuvo la subvención. Del Cura sostiene que “este nuevo varapalo judicial ejemplifica las prácticas abusivas que los gobiernos regionales han cometido con dinero público”.

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