Un juez acuerda la extradición del exedil marbellí Carlos Fernández
El exconcejal permanece detenido en Argentina desde el pasado septiembre
El Juzgado Federal 2 de San Juan en Argentina ha acordado este jueves extraditar a España al exedil de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, quien estuvo fugado 11 años desde el inicio de la Operación Malaya, y fue detenido en septiembre pasado en dicho país. La defensa tiene previsto recurrir dicha resolución ante la Corte Suprema, según ha confirmado el letrado y hermano del exedil, Antonio Fernández.
La extradición se ha acordado por una de las seis causas por las que España la solicitó, en concreto la del caso Saqueo II, de la que es competente la Audiencia Nacional y en la que hay un escrito provisional del fiscal solicitando nueve años de prisión y más de 7,8 millones de euros de responsabilidad civil. Esta fue el único caso que el fiscal argentino consideró que no estaba prescrito.
El juez ha decidido, igualmente, dejar en libertad a Fernández tras pagar una fianza de 300.000 pesos (unos 14.200 euros), según ha indicado el hermano, quien ha apuntado que esperan poder hacer este pago lo más pronto posible para que pueda estar en libertad mientras se tramita el recurso de apelación contra la decisión de extradición.
El letrado ha dicho que su hermano está "contento" porque "se va a levantar la prisión provisional". "De todas las causas que había, ocho están prescritas y la única en la que hay por parte del fiscal argentino algo de duda es Saqueo II que para nosotros no cabe duda alguna de que también ha prescrito", ha asegurado.
El Juzgado Federal 2 de San Juan acogió este pasado miércoles la vista, que inicialmente estaba fijada para principios de diciembre y se suspendió, sobre la extradición de Fernández, después de que el Consejo de Ministros acordara remitir a las autoridades de Argentina un total de seis expedientes de solicitud de extradición por diferentes delitos durante su actividad como concejal.
La primera de las solicitudes de extradición se fundamentaba precisamente en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hace referencia al caso Saqueo II, por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL).
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