El Gobierno reduce a “pequeña diferencia” el rechazo del PSE al informe de la tortura
El portavoz, Josu Erkoreka, explica que no afecta a la política de reparación de víctimas de abusos policiales
El informe oficial sobre la tortura no es de todo el Gobierno vasco. PNV y PSE han certificado sus diferencias en el Consejo de Gobierno que han celebrado este martes, apenas 18 horas después de que el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, y el experto forense y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Francisco Etxeberria, presentaran el informe sobre la tortura entre 1960 y 2014 que concluye que hubo 3.417 víctimas, pese a la existencia de 20 condenas firmes.
El PSE rechazó el lunes la metodología del informe y el relato que inspira, y ha trasladado esas discrepancias al propio Gobierno donde PNV y PSE son socios. Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo, el peneuvista Josu Erkoreka, ha asegurado que se trata de una "pequeña diferencia" que "no afecta a la política de reparación de las víctimas de abusos policiales que comparten PNV y PSE de manera íntegra". El informe no provocará cambios en la acción del Gobierno. Será la ponencia parlamentaria de Derechos Humanos, que recibirá el informe en los próximos días, la que en todo caso proponga medidas de reparación.
El informe concluye que hubo 3.417 víctimas de este tipo de abusos por parte del Estado, pese a que las condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos ascienden a 20 y afectan a 31 víctimas, de las que derivan 49 condenados, 21 de ellos del Cuerpo Nacional de Policía y 28 de la Guardia Civil. Además, hay 7 condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no haber investigado diligentemente las denuncias de torturas.
El PSE ha lamentado en el seno del Gobierno que no se pueden equiparar casos de supuestos malos tratos no probados y no demostrados, con asesinatos y el terrorismo de persecución que han sufrido, no solo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza, sino toda la sociedad vasca. Sus consejeros han criticado que esa manera de enfocar el informe general proporciona un relato equivocado de las últimas décadas en Euskadi que ahonda en la existencia de un conflicto que nunca existió pese a que lo defienden “ETA y la izquierda abertzale”.
El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha constatado la existencia de diferencias, pero se ha limitado a describir que se trata de “un trabajo científico" que se ha desarrollado en la Universidad Pública Vasca y bajo la dirección de alguien incuestionable como Paco Etxeberria. “El hecho de que pueda haber una pequeña diferencia entre los miembros del gobierno a la hora de evaluar una investigación científica para nada cuestiona que ambas formaciones compartimos la voluntad de reparar las violaciones de derechos humanos que ampara la ley de reparación de abusos policiales".
Erkoreka ha especificado que se pueden producir y se producen algunas "pequeñas diferencias" de interpretación. En su opinión se trata de una pequeña diferencia en la medida en que afecta a un informe, no a la política global de la reparación de víctimas de abusos policiales. Eso si sería una quiebra, pero no sucede eso, sino en un informe concreto", ha aclarado.
Etxebarria ha aplicado para otorgar o negar verosimilitud a las declaraciones una metodología aprobada por Naciones Unidas, el protocolo de Estambul. Las declaraciones son anónimas a efectos del Gobierno vasco. "El Gobierno no conoce a los denunciantes" ha explicado Erkoreka tras asegurar que si alguna de las personas que denuncia quiere ir más allá tiene dos opciones: si son hechos prescritos acogerse a la ley 12/2016, la ley vasca de reparación de abusos que está judicializada, y si no están prescritos, acogerse a los procedimientos judiciales.
El PSE afirma que es un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume a 840 asesinados y más de 3.400 torturados porque "alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido" y extiende la imagen de una tortura generalizada que olvida la labor de "una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho".
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