Entre Lynch y Robespierre

Si existe una palabra que, por encima de ninguna otra, define la esencia de la democracia, esa palabra es respeto. Una expresión que concentra valores irrenunciables, porque solo desde el respeto al otro se puede cimentar la convivencia en paz y en libertad.

El respeto es importante en todos los órdenes de la vida. Pero lo es más aún en el ámbito de la política, que se configura como un espejo en el que se miran los ciudadanos, y que muchas veces sirve de pauta de conducta para su vida cotidiana.

Asistimos, sin embargo, con demasiada frecuencia, yo diría casi que con habitualidad, a actuaciones políticas que se convierten en paradigma de la falta de respeto hacia el adversario, utilizando con largura descalificaciones que convierten al otro en enemigo a batir.

Pleno a pleno, y una comisión detrás de otra, la Asamblea de Madrid se configura con demasiada frecuencia en el referente de la falta de respeto y, en definitiva, de lo que no debe ser la actividad parlamentaria. Un fenómeno reprochable que llega a su culmen si de lo que hablamos es de una Comisión de Investigación.

El ejemplo más reciente lo tuvimos el pasado viernes en la comisión de investigación en torno al Canal de Isabel II, en la que comparecieron políticos que desempeñaron hace algunos años responsabilidades en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el propio Canal.

Lo que pudo verse y escucharse en esta comisión a través de las intervenciones de algún partido de los que dicen representar la nueva política, y sí, me estoy refiriendo a Podemos, no fue una batería de preguntas más o menos incisivas, sino una sucesión de insultos y descalificaciones impropios en cualquier lugar, pero más aún en la Cámara que representa a todos los madrileños.

Una vez más, se puso de relieve que la verdad no importa, y su búsqueda, todavía menos, porque Podemos convirtió la comisión de investigación, de nuevo, en una comisión de inquisición, donde los argumentos de los comparecientes no se desvirtúan con fundamentos, sino con descalificaciones que bordean la injuria y la calumnia, cuando no incurren con profusión en ambas.

No es, lamentablemente, la primera vez que esto ocurre, tanto en el Parlamento regional, como en el Parlamento nacional, donde la búsqueda de la verdad ha sucumbido ante la consigna de sus máximos dirigentes de moverse dentro del “marketing, marketing, marketing”. A eso parece haberse reducido la política de los que nacieron nada menos que con la ambición de conquistar los cielos, y no han sido aún capaces ni de subir el primer peldaño.

Algunos de los comparecientes el viernes ante la comisión de investigación de la Asamblea comprobaron en sus propias carnes que lo que se pretendía no era esclarecer unos hechos, sino juzgarles y condenarles por la vía sumarísima, de la mano de la diputada de un partido como Podemos, que solo sabe navegar entre los planteamientos sumarísimos de Charles Lynch y de Robespierre. Susto o muerte.

Es precisamente este partido el más dado a hablar de la necesidad de regenerar la democracia, y eso es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Pero esa regeneración y esa lucha no debe limitarse a combatir conductas relacionadas con la corrupción económica, sino también a erradicar aquellas conductas que corrompen la ética de la democracia, desvirtuando con propósitos espurios el espíritu de las instituciones parlamentarias. Porque tanto daño hace una conducta como la otra, y ambas son corrupción.

El espectáculo que vivimos en la última comisión de investigación no es único ni aislado, y precisamente por ello, no debemos permanecer impasibles, porque mirar hacia otro lado, mantenernos pasivos ante estas reprochables conductas, le hace un flaco favor a la democracia.

Una comisión de investigación y un tribunal tienen entre sí diferencias sustanciales, pero comparten la esencia, que es la búsqueda de la verdad. Y si eso es así, ¿alguien puede imaginar que un imputado, un testigo, un perito, o cualquier compareciente ante un juzgado fuera recibido a golpe de insultos, descalificaciones, y verdades a medias convertidas en verdades absolutas, para mayor gloria del juez de turno? No, nadie lo puede imaginar.

Precisamente por ello, se impone una profunda reflexión sobre el funcionamiento de las comisiones de investigación, y sobre la vida parlamentaria en general, para que dentro de las diferencias ideológicas, de la rivalidad política, y del enfrentamiento dialéctico, prime la tolerancia que debe servir de referente a los ciudadanos representados en los parlamentos.

La defensa de la democracia y de sus valores requiere por parte de los partidos políticos de un pacto por el respeto, si queremos evitar el creciente deterioro del sistema democrático y el descrédito progresivo de los partidos. Porque las conductas reprochables son aisladas, pero la descalificación alcanza al conjunto de los representantes políticos.

Por nuestra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, nos estamos planteando abandonar la Comisión de Investigación sobre Corrupción del Parlamento regional mientras no responda a sus verdaderos fines, y solo sea el instrumento para facilitar un linchamiento verbal, que los comparecientes no están obligados a soportar, y los grupos políticos, con su presencia y participación, no pueden ni deben legitimar.

Cristina Cifuentes es presidenta de la Comunidad de Madrid.