La tregua después del ‘procés’

Tras el estrepitoso fracaso de la hoja de ruta de Junts pel Sí y la CUP (independencia sin coste en 18 meses y plácido inicio de un “proceso constituyente”), distintas voces del mundo independentista han ido formulando en las últimas fechas una cierta autocrítica sobre lo acontecido. En esa autocrítica es posible distinguir dos líneas argumentales distintas. Por un lado, se confiesa la ingenuidad de haber infravalorado la fuerza del Estado. Por el otro, se reconoce que la debilidad del independentismo responde también a la ausencia de una mayoría clara favorable a la secesión.

El primer argumento es bastante discutible. Si hablamos de la cárcel, por ejemplo, los promotores de la hoja de ruta sabían perfectamente que esa salida estaba en el horizonte. En una fecha tan lejana como el 20 de octubre de 2016, Carles Puigdemont ya explicaba en Vanity Fair (atención al título): “Estoy dispuesto a ir a la cárcel por haber convocado un referéndum”. El 2 de marzo de este año, el entonces consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, contestaba con un “I am ready for anything” (“estoy preparado para cualquier cosa”) a la periodista de Reuters que le preguntaba si estaba dispuesto a ir a la cárcel. El 3 de julio, horas antes de ser destituido por opinar que lo del 1-O no sería un referéndum de verdad, el entonces consejero de Economía y Conocimiento, Jordi Baiget, todavía declaraba que “podría aguantar tener que ir a prisión” (siempre que no tocaran su patrimonio). El 13 de julio la entonces consejera de Agricultura, Meritxell Serret, decía tener muy claro en El Punt Avui “qué implica lo que haremos”. El 31 de julio Puigdemont reiteró su disposición en Bloomberg, y en septiembre el sucesor de Baiget, Santi Vila, explicaba en un mitin: “Si tenemos que ir a la cárcel iremos” (y añadía: “Si nos hemos de jugar el patrimonio, nos lo jugaremos”).

En definitiva, en un conflicto político como el que se está planteado en España la prisión preventiva sin fianza no parece la respuesta más adecuada, pero nadie puede afirmar que los líderes independentistas no hubieran previsto la cárcel. La segunda línea argumental de la autocrítica —dentro de su sutilidad— da mucho más de sí, porque apunta a la causa última del fracaso de la hoja de ruta tal como se había planteado, que no es tanto la contundente respuesta del Estado como un cálculo inadecuado de la fuerza real del independentismo. El 14 de noviembre el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, dijo que Cataluña será independiente “si hay una voluntad mayoritaria y perseverante de ciudadanos de Cataluña de ser independientes”, lo cual dio pie rápidamente a la interpretación de que si después de cinco años de procés Cataluña todavía no es independiente es por la ausencia de esa “voluntad mayoritaria y perseverante”. El 9-N de 2014 1.897.274 personas votaron a favor de la independencia; en las elecciones consideradas plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 1.957.348 lo hicieron a favor de las candidaturas que apoyaban la hoja de ruta exprés. Y, si damos crédito a los datos no homologados, el pasado 1-O votaron sí 2.044.038 personas. Diga lo que diga Joan Tardà, y teniendo en cuenta que el censo electoral de Cataluña lo forman 5.553.983 personas, es evidente la posibilidad de aspirar a “mayorías más sólidas y amplias de las que hasta ahora hemos tenido”, como pedía su colega Carlos Campuzano del PDeCAT en una entrevista reciente. Unas mayorías más sólidas y amplias que no se vislumbran, por cierto, ni en el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat ni en ninguna de las encuestas preelectorales del 21-D, en las que el promedio de voto a Junts per Cataluya, ERC y la CUP es del 45%.

¿Qué hay que hacer en estas circunstancias? Mi humilde propuesta es una tregua. Al margen de la opinión que nos merezcan los impulsores de la fracasada hoja de ruta, que una vez liberados deberían rendir cuentas de sus actos en el mismo parlamento que les confió el gobierno de Cataluña, ni los unos deben plantearse erradicar el independentismo ni los otros deben persistir en la senda de la unilateralidad, viendo mandatos democráticos donde solo hay un capital político tan notable como insuficiente. (Como sostenía hace poco un editorial de un diario soberanista, “la autocrítica es un paso necesario para pasar de un cierto independentismo mágico a uno más realista y pragmático”.) Y a partir de esa doble renuncia ábrase el diálogo entre todos.

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.