Los recortes de Carmena para atajar el gasto ya afectan a 769 inversiones

Son 769 las inversiones afectadas por la reducción presupuestaria en el Ayuntamiento de Madrid, por un total de 74 millones de euros. Este es el durísimo balance de los recortes que el Consistorio acometió tan solo en noviembre para ajustar el gasto a la Ley de Estabilidad. En ese mes negro para sus finanzas, el gobierno de Manuela Carmena ha sustraído fondos de varios capítulos: inversiones, políticas sociales, subvenciones y ayudas, y en todos los distritos de la capital. Retuvo así 296 millones, de un total de 365. El ejecutivo asegura que cumplirá con la ley y evita ahora desafiar al Ministerio de Hacienda, después de un pulso que ha durado meses.

Las partidas afectadas por los recortes atañen a un extenso abanico de obras públicas: desde ampliación de aceras, mejoras para la eficiencia energética, rehabilitación de espacios y edificios públicos, construcción de centros para mayores y escuelas. Un listado interminable de proyectos que aspiraban a convertir el "cambio" del que se apodó el equipo de Ahora Madrid en realidad, pero que de momento ha sido frenado por la exigencia de reconducir las finanzas municipales tras dos años de incumplimiento de la Ley de Estabilidad.

Solo en noviembre, después de que Hacienda anunciara la intervención y tutela de las cuentas municipales, el Consistorio ha anulado todos los fondos de 26 nuevas obras. Se trata, por ejemplo, de escuelas infantiles en Pacífico y Tetuán (un total de 150.000 euros); centros de mayores y deportivos, además de bibliotecas en Fuencarral, Villaverde y Moratalaz (435.000 euros); aparcamientos y un centro de Alzheimer (más de 200.000) en Vallecas.

A estos se suman los recortes en otros más de 700 proyectos, con partidas afectadas desde pocas decenas hasta centenares de miles de euros, según los datos municipales a los que ha accedido EL PAÍS. En este caso son actuaciones como la colocación de paneles solares en dependencias publicas; nuevas fuentes de agua potable (más de 100.000 euros); mejoras en mercados como el de Legazpi (532.000), rehabilitaciones en el parque del Retiro (478.583); la construcción de nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos; obras en centros deportivos y de mayores, bibliotecas y hasta escuelas de música. Un panorama desolador para el Ayuntamiento, obligado a retener 365 millones este año, y aún le falta algo más de 50 millones para cumplir con Montoro.

Crítica de baja intensidad

El gobierno de Carmena asegura que cumplirá la ley. La portavoz, Rita Maestre, afirmó recientemente que "hay muchísimo dinero que no se utiliza cuando termina el año" y que servirá para los recortes. El grueso de los fondos, en efecto, se recauda de proyectos no ejecutados —todo un leitmotiv de la crítica de la oposición, que remarca que los recortes afectan a obras con una ejecución media del 10%, y algunos del 0%—.

El Consistorio también señala que parte del dinero se recupera de ahorros en las licitaciones y que no renuncia a los proyectos afectados, que se aplazarán al próximo año. Por otro lado, mantiene su "discrepancia" con Hacienda sobre el corsé financiero de la Ley de Estabilidad, conocido como regla de gasto, pese a que baja la intensidad de su crítica. Después del "trato injusto" de Montoro, ahora el equipo de Carmena se limita a recordar que Madrid tiene un superávit de 1.000 millones, niveles excelentes de pagos a los proveedores y elevados ritmos de reducción de la deuda (hasta 471 millones este año), pero que cumplirá con Hacienda.

El viernes, portavoces del gobierno agregaron que este martes se debatirá en el Congreso una proposición para modificar la normativa sobre la que, dicen, existe un acuerdo entre el PSOE, Unidos Podemos y otros grupos. "Esto supondrá más crecimiento, inversión y empleo impulsado por administraciones locales que cumplen sobradamente con los principios de estabilidad", enfatizan.

Mientras, la semana pasada, el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, señalado por muchos como el responsable de la situación actual, acudió a Bruselas para denunciar ante la Comisión Europea lo que considera una errónea interpretación de la regla de gasto por parte de Montoro. Una actuación que la portavoz municipal comentó el jueves desmarcando al ejecutivo del edil: "Nuestra interlocución es con el Ministerio de Hacienda", resumió.

El portavoz de economía del grupo municipal del PP, Íñigo Henríquez de Luna, responde por su parte a las acusaciones: "Por mucho que Sánchez Mato pretenda echar balones fuera y culpar a Montoro del desastre de su propia gestión, el único responsable es él". Y añade: "Las cuentas patas arriba, las inversiones paralizadas, el presupuesto de 2018 desaparecido en combate: los madrileños merecen que sus impuestos se inviertan de forma eficaz y responsable en las necesidades que tiene la ciudad".