Colombia indaga si Inassa percibió 62 millones por asesorías no prestadas

La Procuraduría General de Colombia observó en octubre indicios de que Inassa, matriz del Canal de Isabel II en América e investigada en la operación Lezo, ha estado cobrando por unos servicios de asesoría que podrían no haberse realizado. Desde el año 2000, Inassa ha recaudado 62 millones de euros por esos trabajos a través de la sociedad Triple A, que ha suspendido el contrato atendiendo a la petición de la Procuraduría. Fuentes del Canal de Isabel II aseguran que es una interrupción temporal y que ya han enviado al organismo colombiano toda la documentación que demuestra que los trabajos se han llevado a cabo.

Inassa, sociedad Interamericana de Aguas con sede en Barranquilla (Colombia), fue la empresa con la que el Canal de Isabel II comenzó en 2001 su cuestionada expansión por América. En la actualidad, se ha convertido en el holding del resto de sociedades que posee el Canal en ese continente. Su nombre saltó a los medios cuando el juez Eloy Velasco observó en la investigación de la operación Lezo indicios de “compra fraudulenta y supuesta malversación”. El Canal pagó unos 100 millones cuando su valor, sostiene el magistrado, era “muy inferior”, de unos 30 millones.

En octubre la Procuraduría General de la Nación de Colombia puso en marcha un expediente que afecta a un contrato suscrito entre Inassa y Triple A de Barranquilla (una de las sociedades del holding español en Latinoamérica). La investigación se centra en el “presunto pago de servicios de asesoría técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado, que no estarían siendo suministrados”, según indica una nota de la Procuraduría.

Inassa habría percibido por estos trabajos 60 millones de euros desde 2000. El acuerdo, en vigor hasta 2033, se firmó antes de que el Canal adquiriera Inassa, y supone el 4,5% de lo que recauda la sociedad Triple A (la operadora que se encarga de gestionar el agua en Barranquilla). Inassa posé el 82,16% de Triple A, el 14,5 % está en manos públicas y el resto pertenece a socios minoritarios.

Ante las sospechas, la Procudaruría pidió en octubre la suspensión del convenio para “prevenir una defraudación al patrimonio y evitar lesiones a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Barranquilla”. La Comisión Disciplinaria advirtió al gerente de Triple A que en su cargo está velar por los intereses de todos los accionistas, incluido el público. También por los derechos de los usuarios, porque con lo que pagan se cubre también el contrato de asesoría suscrito con Inassa.

La empresa ha acatado la petición para aclarar lo sucedido. Un portavoz del departamento de Comunicación del Canal de Isabel II asegura que la decisión se ha tomado de “forma temporal” y solo afecta a esos servicios de asesoría. El 17 de noviembre Inassa envió toda la información que demuestra que han prestado el servicio puesto en duda, sostiene la misma fuente.

El expediente iniciado por la Procuraduría se basa en las declaraciones realizadas por varios directivos, que aseguran desconocer la existencia de dicha asistencia técnica. El gerente administrativo desde 2012 certificó que no cuenta con “informes de interventoría relacionados con el contrato”. Tampoco el gerente comercial, que aseguró "no haber recibido soporte ni asistencia técnica de parte de Inassa para el área que gerencio".

En el mismo caso se encuentran el gerente de operaciones de Acueducto y Alcantarillado, que no “conoce el contrato firmado entre ambas compañías”, y la gerencia de Planeación y Desarrollo, que indicó “no tener en sus registros información” al respecto.

La sociedad Triple A de Barranquilla se constituyó en julio de 1991 para gestionar los servicios públicos domiciliarios de agua, alcantarillado y aseo. En ese momento, la participación mínima del distrito era del 85% y el resto del sector privado, ahora es el Canal de Isabel II el accionista mayoritario. La empresa da cobertura a trece municipios del departamento del Atlántico, contabilizando más de 459.000 clientes y 2 millones de personas atendidas. Triple A es una de las 24 empresas con las que todavía cuenta el Canal en Latinoamérica. La última junta de accionistas del ente celebrada en noviembre en Madrid aprobó el inicio del proceso de venta del holding americano, que se prevé se lleve a cabo entre 2019 y 2021.