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El IVO disconforme con el nuevo sistema de derivación de pacientes oncológicos de Sanidad

La consejería asegura que cumple el convenio y garantiza la atención a todos los enfermos

Concentración ante el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) pidiendo la continuidad del centro. Ampliar foto
Concentración ante el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) pidiendo la continuidad del centro.

La puesta en marcha del nuevo concierto que regula la relación entre el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y Consejería de Sanidad ha derivado 26 pacientes de las 74 solicitudes tramitadas desde la sanidad pública en los primeros 15 días de noviembre. “Solo se acepta 1 solicitud de cada 3”, señalan desde el centro privado.

El IVO atribuye esta situación a “trabas en la derivación de pacientes” por el funcionamiento de la unidad encargada de decidir qué paciente ha de ser atendido en el hospital oncológico. Esta unidad es atendida, según el IVO, por “una enfermera en el centro de Salud de Tendetes, durante dos horas al día”. El paciente debe llevar sus informes clínicos y completar un check list (cuestionario donde se recogen los criterios médicos para conocer el estadio de la enfermedad) para la aceptación o no de la solicitud de ser tratado en IVO.

El concierto establece que para derivar a los pacientes desde la sanidad pública a este centro privado, la Consejería pone en marcha una “unidad de especialistas”, la cual resuelve la solicitud de asistencia en un plazo máximo de 72 horas. En caso de no tener respuesta en el plazo previsto se entiende aceptada la solicitud. Para pacientes nuevos que sean derivados desde cualquier centro de especialidades y centros de salud de Atención Primaria, la solicitud de remisión se responde en un plazo máximo de 2 días hábiles. En caso de no tener contestación en el plazo previsto se entenderá aceptada la solicitud.

El centro privado denuncia que “el sistema de valoración no se está basando en el análisis de expertos médicos ni está validado por ninguna sociedad científica y que la decisión de aceptar o no la solicitud, “se deja en manos del criterio de una ’enfermera gestora’, sin ningún tipo de criterio unificado”. Aseguran que ha llegado a decir a un paciente con una prueba de hemocultivo positivo: “Usted no tiene cáncer, no puedo aceptar su solicitud”. El centro oncológico también se queja del tiempo para resolver las solicitudes. Recuerdan que antes del convenio, el hospital tenía a dos inspectoras de Sanidad que velaban para que se cumplieran los protocolos y tratamientos y que se respondía en dos días o menos.

El IVO ha empezado a hacer pruebas diagnosticas, a cargo del centro, para diagnosticar a los pacientes y agilizar los informes que ha de presentar en la Unidad especializada y ofrece a los pacientes iniciar los trámites para ser derivados al hospital oncológico.

Desde la administración sanitaria se asegura que “la atención a estos pacientes se está regulando a través de este nuevo marco de relación, suscrito entre ambas entidades, que, entre otros aspectos, contempla que la atención se realizará previa derivación por parte de los servicios asistenciales de la Consejería de Sanidad y que funciona con normalidad”. Sanidad insiste en que se está garantizando una atención oncológica de calidad dado que "cuenta con extraordinarios profesionales de reconocido prestigio en sus servicios de oncología, además de tecnología de diagnóstico y tratamiento de última generación”.

El pasado 6 de octubre la Consejería de Sanidad y el IVO firmaron un acuerdo de acción concertada para la prestación asistencial integral oncológica que entró en vigor el pasado 1 de noviembre. Entre los puntos del documento, se establecen dos vías de acceso de pacientes al centro privado, la remisión por parte del especialista de la sanidad pública y que los pacientes con sospecha oncológica acreditada puedan acudir al propio centro para solicitar la asistencia en el IVO aunque es la Consejería quien finalmente ha de dar la autorización. La relación contractual entre IVO y Consejería de Sanidad se modificó el pasado el 1 de enero de 2017, con la entrada en vigor de un nuevo marco legal.

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