La Diputación de Valencia pide seis años de cárcel para el arrepentido del ‘caso Taula’

La Diputación de Valencia pide seis años de prisión para el exgerente de su empresa pública Imelsa Marcos Benavent, el autodenominado "yonki del dinero", miembro confeso de una vasta trama de corrupción y ahora colabor de la Fiscalía, por los supuestos delitos continuado de malversación, falsedad, prevaricación y fraude a la contratación pública.

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La denuncia contra Benavent fue interpuesta por la Corporación provincial en época del anterior presidente y presunto cabecilla de la red del caso Taula, Alfonso Rus, después de que los implicados tuvieran constancia de que estaban siendo investigados. Y fue interpretada como una venganza de Rus hacia Benavent, cuyas conversaciones grabadas y declaraciones ante el juez resultan centrales para la causa. La Diputación, presidida ahora por el socialista Jorge Rodríguez con el apoyo de cuatro partidos, ha mantenido la acusación.

Los servicios jurídicos de la Corporación, acusación particular en la causa abierta para investigar las presuntas irregularidades en la empresa pública Imelsa, han hecho esta solicitud al juez que instruye la denuncia, y que se tramita al margen del caso Taula. Benavent fue gerente de Imelsa entre 2007 y 2014.

Según un comunicado de la Diputación, en el escrito de acusación presentado en el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia la corporación provincial, "la principal perjudicada por el saqueo de la empresa pública Imelsa (ahora Divalterra)", también pide dos años y tres meses de prisión para el empresario Vicente Calvo Navarro.

La Diputación considera a Calvo cooperador necesario en los delitos que se les imputan en relación al cobro de 60.455,55 euros por unos trabajos de instalación eléctrica que la empresa de Calvo cobró y que nunca realizó ni tenía solvencia técnica para ejecutar.

Los hechos que se investigan sucedieron entre finales del año 2012 y principios de 2013, pero no se conocieron hasta que un año después, en enero de 2014, un requerimiento de la Agencia Tributaria, en el que se pedía información relativa a la mercantil Flying Tigers SL, permitió aflorar la estafa, según la Diputación.

Según las conclusiones provisionales, Benavent, Calvo y un primo de este se pusieron de acuerdo para emitir tres facturas para el cobro de supuestos trabajos en el entorno del monasterio del municipio de Llutxent, aprovechando que en ese momento Imelsa tenía un taller de empleo en ese complejo propiedad de la Diputación.

La investigación interna iniciada a raíz del requerimiento de la Agencia Tributaria llevó a descubrir la inexistencia de documentos de contratación de las obras o certificados de la ejecución de las mismas. En su declaración, el empresario encausado reconoció que Imelsa incluso le había adelantado el pago, algo prohibido por la legislación, siempre según el comunicado de la Diputación.

"La reacción de Benavent al verse descubierto fue aparentar que reclamaba al empresario la devolución de los importes mediante la firma de un documento entre ambos, que lo que pretendía era dar cobertura a un previo delito para el que se concertaron los acusados", según la acusación particular de la Diputación, dirigida por José Antonio Ibars, jefe del Servicio de Defensa en Juicio.

La Diputación "ha conseguido hasta la fecha ir recuperando el dinero estafado, mediante aportaciones del empresario encausado a una cuenta de la empresa pública Divalterra".

El comunicado asegura que la recuperación del dinero malversado estos años es "una de las prioridades establecidas por el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, que determinó que fueran los juristas de la Diputación y no penalistas externos los que llevaran los casos de la Operación Taula y de Imelsa".