Ocho profesores declaran ante el juez por incitación al odio

Ocho profesores de tres colegios de La Seu d'Urgell (Alt Urgell) declaran este martes ante el juez por un presunto delito de incitación al odio. El juzgado de instrucción de La Seu abrió diligencias tras la denuncia de algunos padres por cómo abordaron los docentes en las aulas la información sobre la celebración y los hechos ocurridos durante el referéndum del 1 de octubre. Según las familias denunciantes, se hizo un relato partidista de la jornada electoral y de las cargas policiales registradas ese día.

Las personas citadas son el director y cuatro maestros de la escuela Mossèn Albert Vives, la directora y un docente del Pau Claris y la directora de la escuela La Salle, según informó el diario Segre. En concreto, en el Mossèn Albert Vives, algunas familias denunciaron que la profesora habló de lo ocurrido el 1 de octubre en una clase donde había alumnos que eran hijos de guardias civiles y cuando los padres se quejaron, el centro optó por cambiar a los menores de clase.

El auto judicial por el que se acepta a trámite la denuncia de los padres ya recoge la denuncia de un alumno que, según el documento, "habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil". "Podría ser que los profesores indicados y el director del centro educativo, incitaran de manera directa a sus alumnos a la comisión de hechos mínimamente concretados de los que pueda predicarse la discriminación, el odio, hostilidad o la violencia contra los referidos grupos o asociaciones", recoge el auto judicial. El juez pone el acento además en que se trata de menores "de edades muy tempranas y en consecuencia moldeables, máxime por quien ostenta un principio de autoridad frente a ellos".  

El caso que ha motivado la citación judicial de estos docentes de la Seu d'Urgell está recogido en el segundo de los tres requerimientos enviados por el Ministerio de Educación al Departamento de Enseñanza (entonces en manos de Clara Ponsatí, ahora destituida) por un presunto “adoctrinamiento ideológico” en los centros escolares. Entre la docena de casos señalados en ese informe estaban el de la escuela Albert Vives, donde tres madres de niñas de cuarto de primaria (9 años) presentaron denuncias ante el juzgado de guardia y la fiscalía porque, según sus palabras, los profesores explicaron a los alumnos “que la Guardia Civil es mala y pega a la gente”. 

Por su parte, un portavoz del Departamento de Enseñanza dijo en ese momento que las acusaciones expuestas eran “infundadas”.

Un inspector citado por Enseñanza

La citación a los profesores de La Seu coincide en el tiempo con otro requerimiento, en este caso, del Departamento de Enseñanza a un inspector de educación al que han abierto un expediente informativo tras manifestar en prensa que existía adoctrinamiento en centros educativos catalanes. 

La Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE) expresó en un comunicado su "más absoluto rechazo" al expediente disciplinario incoado por la Subdirección General de Inspección de Cataluña al inspector de Educación de Barcelona, Jordi Cantallops. Además, la ANIE ha pedido al Ministerio de Educación el "sobreseimiento inmediato" del expediente abierto y ha exigido el cese del inspector general de Cataluña, Manuel Busson, "por haber tomado tan injustificada medida, arbitraria y contraria al derecho de libertad de expresión contemplado en la Constitución".

Por su parte, la mayoría de inspectores del servicio de inspección de Barcelona rechazaron las afirmaciones de Cantallops, que tildaron de "no fundamentadas y que responden a un uso totalmente partidista de la educación". En un comunicado firmado por "36 de 37" inspectores que conforman el servicio en Barcelona indicaron que no asumían "en ningún caso, las opiniones particulares de este inspector".