Ocho docentes citados a declarar por el trato del 1 de octubre en las aulas

El juzgado de primera instancia de la Seu d‘Urgell (Alt Urgell) ha citado a declarar el próximo 7 de noviembre a ocho profesores de tres escuelas de este municipio por un posible delito de incitación al odio por la manera cómo los docentes abordaron en el aula la información sobre el referéndum del 1 de octubre y los hechos ocurridos durante la jornada electoral.

Las citaciones se producen a raíz de las denuncias interpuestas por algunas familias en las que se acusa a las escuelas de introducir en las aulas un relato partidista sobre el 1 de octubre y las cargas policiales que llevaron a cabo efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Las personas citadas son el director y cuatro maestros de la escuela Mossèn Albert Vives, la directora y un docente del Pau Claris y la directora de la escuela La Salle, según informó el diario Segre.

En relación a la escuela Mossèn Albert Vives, algunas familias denunciaron que una profesora habló de lo ocurrido el 1-O en una clase donde había hijos de guardias civiles y que, después de que las familias se quejasen, la dirección decidió cambiar a los menores de aula.

En este sentido, el Ministerio de Educación, comandado por Íñigo Méndez de Vigo, ya ha enviado tres requerimientos al Departamento de Enseñanza para pedir información sobre las quejas expuestas por los padres en las que se denuncian supuestos actos de “adoctrinamiento político de menores”. El primer requerimiento se envió el 27 de septiembre, el segundo el 6 de octubre y el tercero el 27 de octubre. En total, cerca de 60 casos recabados de prensa y de denuncias llegadas a la Alta Inspección del Estado en Cataluña, donde hay 5.451 colegios, 1,5 millones de alumnos y 71.000 docentes, según las cifras oficiales de la Generalitat. Según Enseñanza, ya se ha contestado al primero de los requerimientos del ministerio.

El caso que ha motivado la citación judicial de estos docentes de la Seu d'Urgell está recogido en el segundo requerimiento enviado por Educación al Departamento que entonces capitaneaba Clara Ponsatí, ahora destituida. Entre la docena de casos señalados en ese informe estaban el de la escuela Albert Vives, donde tres madres de niñas de cuarto de primaria (9 años) presentaron denuncias ante el juzgado de guardia y la fiscalía. Según el requerimiento del ministerio, los profesores explicaron a los alumnos “que la Guardia Civil es mala y pega a la gente”. Méndez de Vigo dijo entonces que algunos niños se habían visto “señalados por la profesión de sus padres”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Enseñanza dijo en ese momento que las acusaciones expuestas eran “infundadas”.