Nuevo cambio de escenario

Cuando el viernes 27 de octubre compareció Mariano Rajoy para anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre después de que el Senado autorizara la aplicación del artículo 155 de la Constitución, muchos observadores se sintieron aliviados. Elogiaron la audacia de Rajoy, que en el mismo acto en el que suspendía de sus funciones al Gobierno de Carles Puigdemont y dejaba al Parlament bajo su tutela, daba una salida democrática a la grave crisis provocada por la proclamación de la república catalana.

Fue una sorpresa. El escenario más plausible hasta ese momento, a tenor del texto aprobado en Consejo de Ministros y las declaraciones de destacados dirigentes del PP, era el de una aplicación dura y prolongada del artículo 155, que incluiría el control de los medios públicos de la Generalitat y el sistema educativo, para acabar en unas elecciones cuando la situación se normalizara a criterio del propio PP.

La convocatoria electoral descolocó al soberanismo, que comprobó el grave error que había sido descartar la convocatoria de elecciones y embarcarse en una declaración unilateral de independencia sin ningún recorrido posible. El 155 comenzó a aplicarse sin la temida resistencia, lo que hizo pensar a muchos si no habían sobrevalorado la amenaza soberanista. Los promotores de la solución del 155 estaban eufóricos. Luego vino la huida de Puigdemont a Bruselas y la crítica se trufó en chanzas y chascarrillos. El soberanismo, venían a decir, había resultado ser un tigre de papel.

Pero como ha ocurrido tantas otras veces en este conflicto, estamos ante el riesgo de un nuevo error de percepción. Conforme pasan los días, va tomando forma la idea de que puede que las elecciones no resuelvan la situación. Cabe la posibilidad de que con la destitución del Gobierno y la persecución judicial emprendida por la fiscalía, el Gobierno le esté brindando al soberanismo la oportunidad de convertir las elecciones del 21 de diciembre en el plebiscito que pretendían y no lograron en las anteriores autonómicas.

El problema de tratar de resolver por la vía judicial problemas que deberían resolverse en el ámbito de la negociación política es que los efectos de las decisiones judiciales pasan a ser incontrolables. Poco a poco, una nueva conciencia va tomando forma: la de que el día 22 de diciembre no solo no se habrá resuelto el problema, sino que este puede entrar en una fase aún más delicada.

La encuesta del CEO publicada esta semana no solo no indica un repliegue electoral del independentismo sino que cuando se pregunta por las preferencias sobre el modelo de relación entre Cataluña y España, los partidarios de una solución federal ceden diez puntos en favor de la independencia. La encuesta señala la perspectiva de que el bloque soberanista roce o alcance la mayoría absoluta, extremo que han confirmado sondeos posteriores. Y eso ocurría antes de que la juez Lamela decretara prisión incondicional para los miembros del gobierno cesado. Esos pronósticos llevaron al dirigente popular Xavier García Albiol a admitir que si ese fuera el resultado, tal vez habría que prolongar la aplicación del artículo 155. ¿Significa eso que las elecciones solo se considerarán una salida democrática al problema si dan un determinado resultado? ¿Y si sale otro? ¿Se invalidan? ¿Se suspende el nuevo Parlamento? ¿Se impide la formación de un nuevo gobierno?

De momento, la convocatoria electoral va a servir para conformar una nueva línea divisoria cuyas consecuencias a largo plazo están por ver. La de quienes se oponen a la aplicación del 155 y consideran ilegítima la destitución del presidente y el Gobierno, y quienes lo apoyan y lo consideran plenamente justificado. Algunos sectores del soberanismo, incluidos muchos partidarios de la independencia, se sintieron incómodos con la deriva de la declaración unilateral de independencia. La consideraban una fuga hacia adelante tan estéril como contraproducente. Los artículos escritos al respecto por el exconsejero Andreu Mas-Colell reflejaban bien esa posición.

Pero el encarcelamiento de los miembros del Gobierno destituido ha vuelto a cambiar el escenario. La consideración de que no solo está en juego el modelo territorial, sino la calidad de la democracia y el sistema de libertades gana terreno y pasará a ser el nuevo aglutinante. Ello permitirá ampliar considerablemente el perímetro de la contestación a las medidas del gobierno de Rajoy. La declaración de la alcaldesa Ada Colau poco después de las detenciones apuntó claramente en esa dirección. Horas antes el Ayuntamiento de Barcelona había declarado que el único gobierno que reconocía era el de Carles Puigdemont. Nuevo cambio de escenario. De hecho, el escenario está cambiando constantemente y lo que un día parece la victoria se convierte al siguiente en una posible derrota. Las semanas que quedan para las elecciones se van a hacer muy largas.