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La crisis política extiende su impacto económico al área metropolitana

Jaume Collboni, vicepresidente de la AMB, alerta de un "efecto espiral" con la fuga de empresas

Vista aérea del polígono de la Zona Franca de Barcelona.
Vista aérea del polígono de la Zona Franca de Barcelona.

El Área Metroplitana de Barcelona (AMB), que reúne a 36 municipios que suman el 52% del PIB catalán, lanzó ayer una contundente alerta sobre el perjuicio que la crisis política está causando sobre las economías locales. El aviso se centró en el riesgo de que la salida de empresas se extienda de grandes firmas a empresas pequeñas y medianas y en el impacto que puede tener sobre el empleo. La alcaldesa de L’Hospitalet y vicepresidenta del AMB, Núria Marín, aseguró que “no es un tema aislado, es una mancha de aceite que se extiende”.

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y también vicepresidente del Área, Jaume Collboni, alertó de que se produzca un “efecto espiral” y de que a la salida de grandes empresas se sumen “pequeñas y medianas”. Collboni aseguró que hay “inversiones que se lo piensan dos veces o empresas que toman la decisión de no instalarse”. “Son cosas que están pasando, no podemos dar la espalda ante lo que es una realidad”, manifestó.

Tras un encuentro mantenido con alcaldes y responsables económicos de los ayuntamientos, explicó que el AMB creará una Agencia Metropolitana de Desarrollo Económico. Ni Collboni ni Marín quisieron revelar cifras negativas ni detalles o nombres de empresas que han frenado inversiones o implantaciones.

“La gran preocupación es Seat”

“La gran preocupación es Seat”. Es la frase que repiten varias fuentes económicas y de ayuntamientos del Baix Llobregat. Están preocupadas por el impacto que tendría sobre el empleo en la comarca. Tanto el directo, 14.000 empleados, como el de las empresas auxiliares. La inquietud se centra en la eventualidad de un traslado y también en las inversiones que la matriz, el Grupo Volkswagen pudiera dejar de hacer en los talleres de la fábrica de Martorell.

Pero los casos se multiplican, y hay tantos como empresas que prefieren que su nombre no aparezca. Empresarios y constructores, por ejemplo, admiten que si las facturas se pueden pagar a 90 días agotan el plazo, a la espera del desenlace del conflicto político. Algunas firmas piden a sus comerciales que hagan dos presupuestos para 2018: uno en un escenario de tranquilidad y otro contando el impacto que la crisis política. Otros ejemplos son los centros comerciales, que han visto como en los últimos fines de semana han caído un 10% los visitantes, o las tiendas que no saben si reforzar la contratación por la campaña de Navidad.

La preocupación es enorme. Por ejemplo, el Consejo de Gremios de Comercio, Servicios y Turismo prepara una encuesta para cuantificar el impacto, pero espera que pase esta semana clave para analizarlo, explica su presidente, Miquel Donnay. También se muestra prudente Vicenç Tarrats, presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona: “Todavía no tenemos datos, pero lo que hay es una cierta alarma por la posible pérdida de inversiones en el futuro en las empresas del área metropolitana”.

Las principales asociaciones de comerciantes y hoteleros se reunieron ayer, por su parte, con el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a quien manifestaron que, desde el mes de septiembre, las ventas han caído entre un 10 y un 30%. El presidente de Comertia, Joan Carles Calbet, matizó a EL PAÍS que, a la espera de cifras detalladas, sí que hay “un clima de incertidumbre que hace que la gente no gaste con la misma alegría que antes”. Calbet indica que la reducción de ventas también se puede explicar por el clima caluroso de este otoño, que perjudica al comercio textil. “Esperamos que en la campaña de Navidad haya menos tensión e incertidumbre”, añadió.