El choque institucional bloquea las ayudas a entidades sociales
El Govern acusa al Ejecutivo central de haber bloqueado partidas sociales a raíz de la intervención de las cuentas
El conflicto entre la Generalitat y el Gobierno central por el proceso independentista está salpicando a los programas de acción social de Cataluña. El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia ha comunicado esta semana a las entidades sociales que dos líneas de subvención, unos 10 millones de euros, están bloqueadas por el Ministerio de Hacienda a raíz de la intervención de las cuentas catalanas. Hacienda asegura que fue la Generalitat quien no indicó adecuadamente que estas partidas eran prioritarias. En medio están las entidades, que temen no percibir unos ingresos que tenían presupuestados.
El bloqueo de las dos líneas de subvención afecta a 307 entidades que habían solicitado ayudas a la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria, y a 224 que lo habían hecho a la Dirección General de Juventud. En total, 10 millones de euros dirigidos a cubrir las necesidades de 900.000 usuarios, según la Mesa del Tercer Sector, la plataforma que aglutina a unas 3.000 organizaciones sociales de Cataluña. Las entidades temen que el desencuentro político les deje sin un dinero que, en su mayoría, ya han gastado durante el año 2017, en previsión de recibir la subvención. Al ser ayudas bianuales, el bloqueo también afecta a los programas de 2018.
“Bloqueados” 12 millones para medioambiente
La Generalitat alertó ayer de que, a causa de la intervención de las finanzas, el Ejecutivo central también ha “bloqueado” 11,8 millones de euros destinados a acciones medioambientales.
El Govern dijo que afectará a expedientes ya adjudicados y que “se ha roto” la continuidad del programa Escoles Verdes, la gestión de las boyas en el Cap de Creus y las Illes Medes o el mantenimiento y servicios de limpieza de espacios y equipamientos. También afectará, dijo la Generalitat, a la contratación de brigadas de parques naturales de la Garrotxa y otras zonas.
Mientras las entidades ya piensan en planes de contingencia, las dos administraciones se pasan la pelota. La Generalitat acusa al Gobierno de dejar fuera estas partidas en el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria que surgió de la intervención de las cuentas catalanas, con la que el Estado quiere garantizar que ninguna cantidad se destina al proceso independentista. El Ministerio de Hacienda, por su parte, asegura que no ha recibido notificación alguna para incluir estos 10 millones de euros como prioritarios, pero que todavía es posible pagarlos. Sin embargo, el secretario general de Asuntos Sociales de la Generalitat, Francesc Iglesias, aseguró ayer a EL PAÍS que había cursado la solicitud para desbloquear estas partidas. “Si Montoro quisiese, podría solucionar esto fácilmente con una orden ministerial donde se exceptúen estas dos líneas de subvención”, dijo. Fuentes del Departamento de Economía aseguran, no obstante, que el trámite se puede demorar varias semanas.
“Las entidades estamos en medio de una batalla, y siempre acaba pagando el más débil”, lamenta Ferran Busquets, director de Arrels Fundació, la entidad dedicada a la atención de las personas sin hogar. En su caso, tiene comprometidos 18.000 euros. La ayuda correspondiente a la Fundación Catalana de l’Esplai es de un millón de euros anuales, mientras que el Banco de Alimentos contaba con 350.000 euros que están en el aire. “No puede ser que se pongan trabas al trabajo que hacen los voluntarios. Este dinero estaba destinado al segmento más precario de la población”, dice su director, Lluís Fatjó.
“Hay cosas que son una línea roja, se trata de defender la cohesión social”, afirma Sònia Fuertes, presidenta de ECAS, una federación de 105 entidades. El presidente de Càritas Diocesana de Cataluña, Francesc Roig, alerta de las consecuencias del bloqueo. “Pudimos superar una crisis económica, y ahora esta intervención nos puede afectar muchísimo: con la tensión política que hay, solo falta la inestabilidad social”, advierte.
