Imputados los arquitectos municipales de Alcalá de Henares por unas obras en el casco histórico

Las obras en el casco histórico de Alcalá de Henares tienen que pasar por un exigente proceso de tramitación, pues han de respetar el plan especial de protección para la zona aprobado hace casi 20 años. Así, en la concesión de licencias para unos trabajos en la calle de Santiago, 31, entre 2006 y 2011, intervinieron los tres arquitectos que forman la cúpula técnica del área de Urbanismo (Cristóbal V. A., Antonio T. D. y Alberto M. P.), que ahora están siendo investigados por presuntas irregularidades.

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Junto a ellos, también están señalados como investigados algunos de los responsables de la firma promotora del proyecto, que en enero de 2011 pidió la licencia de primera ocupación para las 15 viviendas y 4 locales comerciales del edificio. Uno de los responsables de la empresa es la exmujer de uno de los arquitectos municipales.

En todo caso, fuentes judiciales explican que la causa, sobre la que se ha decretado secreto de sumario, investiga, aparte de las obras en la calle Santiago, “varios hechos más”. Las comparecencias de los imputados ante el juez comenzarán el próximo 29 de noviembre. La investigación se abrió el año pasado a partir de una denuncia anónima, según fuentes conocedoras de la causa.

Los tres técnicos acusados tienen una larga trayectoria en el Consistorio alcalaíno; uno de ellos fue precisamente uno de los redactores del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Alcalá, por lo que recibió un premio en 1998. El Ayuntamiento, hoy gobernado por el PSOE, se ha visto envuelto en numerosos escándalos vinculados a anteriores legislaturas, durante las etapas del anterior alcalde Javier Bello (del PP, que gobernó entre 2012 y 2015) y, sobre todo, de Bartolomé González (también del PP, de 2003 a 2012).

Causas abiertas

De ese modo, la nueva investigación se suma a otras tres causas judiciales. La más conocida es la del caso Púnica, en el que se investigan las supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de eficiencia energética a la empresa de la trama Cofely. La semana pasada declararon por estos hechos varios de los responsables del Consistorio señalados en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como presuntamente implicados en los hechos. Este documento policial también señalaba a Bartolomé González, actual parlamentario regional y, por tanto, aforado. La Fiscalía Anticorrupción ya ha apuntado en algunos de sus escritos su intención de pedir que se actúe contra él.

Otra investigación, en este caso de la Policía Nacional, también cuestiona la gestión de Bartolomé González al frente del Consistorio. Se trata de la Operación Flauta, por supuestas irregularidades en la contratación de festejos por parte del Consistorio, y que se puso en marcha en noviembre de 2014. Por estos hechos fueron detenidos en mayo de 2015 una exconcejal y un técnico municipal. En marzo de 2016, otro juzgado de Alcalá de Henares abrió una investigación por supuestas irregularidades urbanísticas tras la denuncia de una empresa. Las pesquisas se centraron también en la etapa del PP al frente del gobierno local.