La Guardia Civil pide a Alcalá detalles de los contratos vinculados a Púnica

La Guardia Civil pidió el pasado jueves al Ayuntamiento de Alcalá de Henares documentación sobre los contratos firmados por el anterior Gobierno del PP con Cofely, una de las empresas investigadas por su vinculación con la trama Púnica. Según han informado este lunes fuentes municipales, los agentes han solicitado al Consistorio detalles sobre sí la compañía ejecutó o no "prestaciones concretas" que se le adjudicaron.

El propio alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), entregó los papeles la pasada semana a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, que sigue la pista a un contrato de 15 millones de euros otorgado a Cofely para encargarse durante 15 años de la gestión energética y mantenimiento de la instalación eléctrica de seis colegios públicos y dos instalaciones deportivas. De hecho, según las mismas fuentes, los agentes han llamado a varios técnicos municipales para conocer cómo se desarrolló el procedimiento de adjudicación.

"La petición de esta documentación es una buena noticia para Alcalá de Henares", ha afirmado este lunes el regidor, que ha subrayado que darán a la Guardia Civil todos los expedientes que le soliciten. Los socialistas impulsaron en 2014, cuando estaban en la oposición y ya había estallado el caso Púnica, una comisión de investigación para aclarar los contratos con las empresas de la trama. Las conclusiones se trasladaron en marzo de 2015 a la Audiencia Nacional. "El trabajo hecho en esa comisión ha dado sus frutos", ha apostillado el regidor.

El Consistorio alcalaíno ha informado, además, de que el actual equipo de Gobierno —formado por PSOE, Somos Alcalá e IU— "está en proceso" de rescindir el contrato con Cofely, por lo que la empresa solicita una compensación de tres millones de euros. "Estamos colaborando plenamente con la Justicia", ha remachado el Ayuntamiento sobre las investigaciones relacionadas con la operación Púnica, que estudia las actuaciones ejecutadas por los anteriores gobiernos municipales del PP, presididos por Bartolomé González y, posteriormente, por Javier Bello.

Según detalla la nota, la semana pasada Rodríguez Palacios facilitó a los agentes de la UCO "toda la documentación e información que requirieron al respecto". Estos hechos, prosigue el escrito, ya fueron objeto de la comisión especial de investigación, iniciada a finales de 2014, sobre el acuerdo firmado con Cofely; así como los contratos sellados con Waiter Music, otra de las compañías investigadas, en el ámbito de festejos municipales.

La comisión finalizó en marzo de 2015 con unas conclusiones que fueron enviadas al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, el mismo que está realizando las actuales diligencias. En dichas conclusiones, asegura el Ayuntamiento, "se exigían responsabilidades políticas" al anterior alcalde, Javier Bello, y a los concejales Marcelo Isoldi, Virginia Sanz Jurado y Jesús Fernández Pascual, todos ellos del PP.

Respecto a Waiter Music, el Ayuntamiento recuerda que, a raíz de la operación Flauta dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares en junio de 2015 se detuvo, entre otros, a la anterior concejala de Festejos, Virginia Sanz.

El actual equipo de gobierno municipal, encabezado por Rodríguez Palacios, considera "una obligación" prestar todo el apoyo a la Justicia en la lucha contra la corrupción. Ante las informaciones de las últimas horas relativas a investigaciones en curso, el PP de Alcalá de Henares ha ratificado públicamente este lunes su compromiso de "máxima colaboración" con la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En una escueta nota de prensa aseguran que, hasta el momento, nadie se ha dirigido al PP de Alcalá ni al Grupo Municipal Popular para recabar datos o información alguna.