Madrid ha perdido por “demolición total” 136 edificios protegidos desde 1997

El reciente derribo del convento de las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús, por el retraso en su inclusión en el catálogo municipal de patrimonio protegido, ha causado una gran polémica. Igual que el anuncio de que la casa que fotografió Capa en Vallecas en la Guerra Civil, que tampoco está protegida, puede sufrir el mismo destino. Pero lo cierto es que en los últimos 20 años se han tirado abajo en la ciudad de Madrid 136 edificios a pesar de que sí estaban dentro de ese catálogo de inmuebles que debían ser preservados.

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El Consistorio asegura que estas situaciones se suelen producir cuando se declara una ruina inminente, sin embargo, no explica por qué no se ha conservado al menos una parte. Ni siquiera la fachada de las 16 construcciones que gozaban de los más altos niveles de protección, según el repaso que el Consistorio hizo en diciembre pasado a los cambios de catalogación producidos desde que se creó el listado con el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. El informe, colgado recientemente en el portal municipal de Datos Abiertos, detalla además los 60 edificios que se han descatalogado, así como los que han visto disminuido su nivel de protección (91) o bien aumentado (52).

El grupo más numeroso es sin embargo el de esos 136 edificios que caen bajo el contundente epígrafe de “desaparecido por demolición total”. En algunos casos, se puede ver todavía el enorme mordisco que han dejado en el continuo de cemento; en la plaza de Puerta Cerrada número, 4; muy cerca de la plaza Mayor; o en el número 8 de Marqués de Santa Ana, en Malasaña. En la mayoría, sin embargo, ocupa ya el solar un nuevo inmueble, que a veces ha intentado parecerse a lo que había antes y armonizar con el entorno (en la calle Pérez Galdós, 4; San Marcos, 32 o la plaza de Santa Bárbara, 3) y a veces lo han perturbado sin piedad con sus puertas modernas y sus grandes cristaleras (Alcalá, 103; Muñoz Torrero, 4; Costanilla de San Vicente, 5).

Estas fincas (y otras más hasta llegar a las mencionados 16) gozaban de una de las más altas figuras de protección del patrimonio en la ciudad de Madrid, el nivel 2, grado estructural, por contar “con valores suficientes para merecer la conservación, tanto de su volumetría como de sus elementos arquitectónicos más destacados”. Todas, menos una, la de Marqués de Santa Ana, que tenía un nivel 1, integral, dentro del cual las edificaciones se consideran amparadas “de forma global, debiendo mantener sus características arquitectónicas, constructivas, volúmenes, formas y elementos decorativos”.

Una portavoz del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento explica que muchas veces la protección no se refiere a toda la construcción y que en ocasiones ni siquiera obliga a mantener la fachada, sino ciertas características. Es cierto que 122 de los edificios desaparecidos tenían una protección menor (en dos de ellos, los dueños habían conseguido rebajarla), pero también lo es que una “demolición total” deja poco espacio para conservar característica alguna. Además, las fichas de las otras fincas, las de mayor nivel de amparo, dejan claro que el bien a conservar es todo el inmueble y que la fachada es un elemento de “rehabilitación obligatoria”. Sobre ellas, la portavoz señala que, en general, los derribos “se producen por orden judicial ante situación de ruina inminente [a veces por descuido del propietario], o por haber resultado dañados por una obra aledaña”. Pero ¿no debería haber velado algún organismo para que al menos se hubieran conservado la parte exterior, igual que se ha hecho en otros casos de ruina en el centro de la ciudad? A esta pregunta ya no ha respondido el Ayuntamiento.

“En algunas ocasiones, la declaración de ruina se utiliza como un cheque en blanco; por ejemplo, se tira todo cuando quizá el problema era solo el techo”, señala un portavoz de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Los activistas se han quejado en numerosas ocasiones de las demoliciones. Por ejemplo, en 2011, cuando tiraron abajo el antiguo caserío madrileño, posiblemente del siglo XVI o XVII, que ocupaba el número 40 de la calle de Embajadores, entre la plaza de Lavapiés y el Rastro. “El edificio, que tendría que haberse mantenido por tener valor estructural, ha purgado el pecado de tener sólo dos plantas donde se pueden hacer cinco o seis”, escribieron en su blog.

El portavoz de la asociación explica que el Catálogo de Elementos Protegidos debería servir para fijar las reglas del juego a la hora de combinar el desarrollo urbano de una ciudad con el mantenimiento de su configuración histórica, es decir, que aunque cambie mantenga su esencia. Sin embargo, opina que en Madrid se ha producido durante muchos años “una gestión arbitraria” de ese catálogo.

El equipo de gobierno de Ahora Madrid, que dirige el Consistorio desde 2015, ha iniciado la renovación del listado, para la cual contará con la opinión de medio centenar de especialistas. Promete tenerla hecha dentro de un año. Se revisarán, entre otras cosas, 300 edificios residenciales anteriores a 1900 y otros 600 no residenciales anteriores a 1936 que no están catalogados o lo están con nivel más bajo de protección. Una de las dificultades de partida es la idea extendida entre algunos expertos de que ya hay demasiados elementos protegidos en la ciudad: son más de 12.000 edificios — 3.551 con niveles 1 o 2—, aparte de otros varios miles de locales comerciales.