Fachadas protegidas que ya no existen

Cuando se trata de combinar ideas como estética, historia, urbanismo, patrimonio colectivo y propiedad privada, rentabilidad económica y burocracia, por mucha buena voluntad que se quiera poner, se producen situaciones absurdas. Si alguien consulta el catálogo de elementos protegidos en las fachadas e interiores de comercios clásicos de Madrid, verá que aparecen locales de edificios derruidos hace años (como el de la calle del Amparo, 89); otros que, según sus dueños (es el caso de los ultramarinos de la calle de Monteleón, 27, en la imagen superior), ya no existían cuando se publicó el primer listado en 1997 y, en general, muchos cuyo estado actual no tiene nada que ver con lo que, supuestamente, está protegido por la normativa municipal.

Tomando algunas calles al azar y comparando las fotografías del listado con la realidad, se encuentran rápidamente numerosos ejemplos. Revisado medio centenar de los cerca de los 1.500 elementos protegidos en comercios, una veintena presenta modificaciones evidentes. Hay historias de todo tipo, como las explicadas más arriba o de algunos cambios aceptados por la Administración, pero no actualizados en el listado (calle de las Fuentes, 9 o de Serrano, 62), y locales que cierran y en poco tiempo están completamente deteriorados, irrecuperables. Pero, sobre todo, hay muchas obras que no le constan al organismo encargado de conceder las licencias (y luego de su seguimiento), la Agencia de Gestión de Apertura de Actividades Económicas (AGLA).

Esa es la respuesta más repetida por el Ayuntamiento a las preguntas de este diario sobre los cambios localizados en piezas del catálogo. Teniendo en cuenta, además, que cualquier obra sobre ellas requiere el visto bueno de las comisiones local y regional de protección del patrimonio, controlada a nivel local por el Ayuntamiento y a nivel regional por la Comunidad, con un integrante del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) con voz, pero sin voto.

La cuestión es que en el AGLA nos constan permisos para cambiar, por ejemplo, el bar del número 51 de la calle de Princesa, de arquitectura de posguerra (hoy, una tienda de telefonía); ni en la librería del número 8 de la plaza de Santa Ana de finales del siglo XIX, principios del XX (hoy un restaurante); la pastelería Bearnesa de influencia historicista de Fuencarral, 82 (otro restaurante); o la librería Estanislao Rodríguez, de influencia racionalista de 1935, en San Bernardo, 27 (peluquería).

El Ayuntamiento destaca que, entre el trabajo de campo para confeccionar el catálogo y su entrada en vigor, se pudieron conceder licencias en 1996 o principios de 1997 con las que se cambiaron, con todas las de la ley, elementos que luego se ampararon.

Este no es, desde luego, el caso de las Bodegas Alfaro, en el número 84 de la calle del Amparo (en el barrio de Lavapiés), cuya fachada está protegida, según la ficha oficial, por tratarse de un frontal de influencia modernista en carpinterías de 1911. “Pero eso debe ser de hace lo menos 18 o 20 años”, dice José Luis Rico, dueño de las Bodegas Alfaro que heredó de su padre, al ver la imagen de su local colgada en el catálogo. Tras la barra del bar —cuyo interior, aunque no está protegido, sí conserva su apariencia clásica—, explica que hace cinco años un coche aparcado en la puerta se quemó, destrozando con las llamas la entrada. “Yo quería rehacerlo exactamente igual, pero en el Ayuntamiento no me dejaron, me obligaron a dejarlo como está ahora”, con el granito y el cemento a la vista, asegura mientras extiende sobre el mostrador los papeles oficiales de aquellos días.

Los arreglos los tramitó Rico a través de la Junta Municipal de Centro, continúa. Y es un muy posible, explica Javier González, experto en temas de patrimonio en el COAM, que la comisión de patrimonio prefiriese evitar una reproducción exacta, pues así lo decide muchas veces. En todo caso, en la agencia encargada hoy de todo esto (creada en 2010) no consta nada y en el catálogo, tampoco.

Así, lo que sugiere este sondeo es, como poco, una enorme desactualización y descoordinación entre las diferentes falanges municipales. Pero el arquitecto Vicente Patón, miembro además de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, va más allá: “El catálogo de tiendas es un desastre. Un propietario llega, cambia lo que hay, aunque esté protegido, y no pasa nada. Es una pena. Se está malversando, por absoluta indiferencia, un patrimonio que está muy conectado con el urbanismo de la ciudad”, añade.

Javier González, después de repasar las imágenes del antes y el después, introduce otro elemento al debate: ¿qué está amparado y por qué? Desde el Ayuntamiento se ha sostenido más de una vez que el catálogo, que se empezó a confeccionar en varias etapas en los años ochenta del siglo pasado y se plasmó en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, se hizo de forma “discrecional”, sin justificar bien el valor de cada inmueble. “Hay cosas muy antiguas que no merece la pena proteger y a veces se pierden elementos contemporáneos que sí lo merecen”, dice González. Cuando se trata de decisiones en la que aparece el criterio subjetivo, siempre hay margen para la discusión y el desacuerdo; también dentro de las comisiones de patrimonio que han de dar el visto bueno para las reformas de estos elementos. Patón, por su parte, cree que “hay fallos en el catálogo, pero no suelen ser tantos ni tan grandes”.

Y la cuestión, además, es que muchas veces la queja es por exceso y no por defecto, pues tanto el Consistorio como el COAM y, sobre todo, muchos comerciantes, hablan de falta de flexibilidad y de una normativa muy exigente (para quien elige la vía de la licencia, claro). La Asociación de Comercios Centenarios de Madrid se ha quejado muchas veces de la falta de ayudas para un patrimonio común muy caro de cuidar y mantener. Y que, incluso, se puede llegar a convertir en una trampa para el comprador desavisado.

Un ejemplo se puede encontrar en el número 16 de la Ribera de Curtidores, un local protegido en el catálogo con el nivel más bajo por fuera, en la fachada, pero con nivel más alto (el 1, integral) en su interior. Cuando Blas de la Fuente lo compró en 1999, asegura que la fachada ya estaba como ahora (que no tiene nada que ver con la foto del catálogo) y en el interior no había prácticamente nada. Desde entonces, han presentado cinco proyectos al Ayuntamiento (cada uno cuesta unos 5.000 euros, asegura) para reformarlo respetando el elemento protegido, pero se los han rechazado todos, así que nunca ha podido abrir. “El problema es que ni siquiera saben lo que realmente había allí, tienen referencias (un mostrador, unas maderas...), pero no lo saben”, se queja De la Fuente. En el Ayuntamiento simplemente constatan que no hay licencia y que las obras están denunciadas. De la Fuente añade que han llegado plantearse donar el local.

González, del COAM, considera que quizá sería mejor proteger menos, pero proteger mejor. Pero teme que con el inminente cambio de normativa se pueda pasar de un extremo a otro: la necesidad de licencia previa se transformará en una declaración responsable, esto es, quien hace la obra se compromete a acometerla bien y se revisa a posteriori. Aunque los elementos protegidos tendrán tratamiento aparte, el cambio se puede convertir en una “política de hechos consumados” que, según Patón, seguirá reduciendo los elementos protegidos del patrimonio de locales comerciales históricos. En la revisión hecha entre 2005 y 2007, ya se esfumaron varios centenares, asegura, y en la que se está realizando en estos momentos se constatará la desaparición de muchos más, prevé el arquitecto.