La junta de gobierno vetó cerrar la Gran Vía al tráfico privado desde enero

La junta de gobierno de Ahora Madrid obligó el pasado jueves al edil de urbanismo, José Manuel Calvo, a rectificar los plazos del comienzo del dispositivo definitivo que cerrará al tráfico privado la Gran Vía. El concejal fue instado por el resto de ediles, entre otros la responsable del área de Movilidad, Inés Sabanés, a corregir sus declaraciones del día anterior, en las que había anunciado que la Gran Vía se cerraría al tráfico privado después de Navidades. El gobierno local consideró, según explican fuentes del gobierno, que era improcedente avanzar ese dispositivo en esos tiempos. Después de Navidades empezarán "cierres parciales" debido a la remodelación de las aceras, pero no un corte definitivo, que llegará más adelante.

La reforma de la Gran Vía ocupó parte del debate durante la reunión semanal del gobierno de Ahora Madrid, coalición que aupó a Manuela Carmena a la alcaldía en 2015. A pesar de que en el orden del día no compareciera, las declaraciones pronunciadas el miércoles en Onda Madrid por el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible crearon "malestar" en algunos representantes del gobierno local, según explican fuentes internas del Ayuntamiento.

Estas fuentes revelan a EL PAÍS que en la reunión se abordó la cuestión y su conclusión fue instar al concejal a retractarse públicamente, tan solo 24 horas después de anunciar las restricciones. Según los miembros del gobierno, el plan lanzado por el edil carecía de plazos viables y de medidas objetivas para su concreción. Por ejemplo, el gobierno comprobó que no le daba tiempo colocar el sistema de videocámaras para controlar los accesos a la emblemática calle, así como establecer mecanismos de coordinación con los aparcamientos públicos. También consideró que, a falta de una información pública adecuada, hubieran podido recibir avalanchas de recursos por parte de los ciudadanos afectados por las multas.

Calvo corrigió su versión y confirmó que la restricción permanente del tráfico privado en Gran Vía se ejecutará a partir de junio, con la puesta en marcha de la gran área de prioridad residencial de centro. Según las estimaciones municipales, con el dispositivo permanente de cierre, el flujo de vehículos se reducirá en un 80%, pasando de 50.000 coches diarios a 10.000. Hasta ahora, las restricciones a los no residentes solo se han aplicado en Navidades, levantando quejas por parte de los comerciantes de la zona, aunque en otros casos la percepción de los vecinos ha sido positiva. El edil no concretó, por otro lado, las medidas alternativas para paliar dicho corte.

Aun así, Calvo rectificó con matices. Dijo no haber dicho nunca que el cierre definitivo se produciría tras las Navidades ("No tendría mucho sentido abrir la Gran Vía al tráfico después de Navidad para empezar las obras un mes después. Lo que haremos será mantener esa estructura para que puedan a empezar a operar las empresas que harán la obra", había dicho el edil en su entrevista radiofónica) y afirmó que en enero comenzarán las reformas para ampliar las aceras, y que se prevé "cierres parciales" que se irán detallando. Una versión defendida ayer también por una portavoz del entorno del concejal.

Fracturas por la movilidad

La reunión del jueves puso de manifiesto algunas fracturas en el ámbito de la movilidad, que fuentes municipales reconocen que persisten desde hace tiempo. La delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, del grupo de Equo y muy cercana a la alcaldesa, manifestó en el pasado su oposición ante determinadas actuaciones del delegado de urbanismo. Según algunos responsables del gobierno, Calvo, político próximo al líder de Podemos Pablo Iglesias, intenta capitalizar mediáticamente los anuncios de la política de movilidad, dejando a Sabanés la solución de lo que califican como las acciones más "antipopulares".

A pocos meses de comenzar las obras del proyecto estrella del gobierno de Carmena, es decir, el rediseño de la Gran Vía, la junta del gobierno del jueves puso de manifiesto la heterogeneidad de este gobierno, a veces dividido. Por ello, antes del verano la alcaldesa postuló la posibilidad de aunar todas las responsabilidades del área de Movilidad en una sola persona. Su idea era entregar a Sabanés esta política, aprovechando la reorganización interna derivada de la destitución de Celia Mayer de Cultura y de Carlos Sánchez Mato de Madrid Destino, después del caso del Open de Tenis. Hubo una reunión en la que se habló de ello, confirmaron fuentes de la directiva de Podemos, pero el partido de Iglesias bloqueó esa hipótesis al considerar necesario que Calvo, único pablista en el Consistorio, no pierda parte de su actual cartera.

Los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, señalaron la falta de discusión con comerciantes y vecinos. Mientras que el PSOE, favorable a la actuación de la Gran Vía para mejorar la calidad del aire de Madrid, subrayó la necesidad de planificación y diálogo con los afectados.

Jordi Gordon, portavoz de los vecinos de Malasaña, explicó el jueves que el gobierno local no les había informado oficialmente sobre la propuesta de adelantar el cierre definitivo. Los residentes abogan por la reducción del tráfico en la vía, pero advierten sobre el peligro de que las aceras se conviertan en un "gran parque temático". Por su parte José Luis de Lucio, portavoz de los comerciantes de Callao, Preciados y Gran Vía también sostuvo que nadie del ejecutivo local les comunicó las medidas que tenían pensado ejecutar. Ante la rectificación, De Lucio manifestó su alegría, puesto que el temor de los comerciantes es que el cierre definitivo al tráfico privado en Gran Vía reduzca el flujo de clientes.