El independentismo toma la calle en Cataluña

Los independentistas llevaban meses trabajando para que la jornada de ayer fuese un éxito. La principal entidad civil secesionista, la Asamblea Nacional Catalana, teorizó ya en marzo en documentos internos la posibilidad de convocar una huelga general con el ánimo de paralizar Cataluña, llamar la atención internacional y prepararse para lo que denominan “movilización permanente” previa a la declaración de independencia. Si bien el paro no fue total, sí consiguieron que los transportes públicos, la Administración, buena parte del comercio y los colegios no abrieran sus puertas.

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Barcelona ofrecía a primera hora de la mañana la imagen de cualquier día festivo, solo alterada por las columnas de manifestantes que se dirigían al centro de la ciudad entre gritos como “las calles serán siempre nuestras”.

No fue una movilización espontánea ni improvisada. Además de las entidades secesionistas, la Generalitat se empleó a fondo para que la jornada fuera un éxito. En algunos casos, se animó a los funcionarios a participar en la movilización y a todos se les comunicó que la jornada de huelga no se les descontaría del sueldo. Hacienda anunció después que restará de la nómina el día de huelga a los empleados públicos que la hayan secundado.

Esa conexión también fue total en el Departamento de Trabajo, responsable de fijar los servicios mínimos de un paro que inicialmente solo apoyaban los sindicatos minoritarios. El Metro estuvo parado buena parte de la jornada y en las horas punta el servicio apenas llegaba al 25%, mientras que Cercanías trabajó al 33% de una jornada normal. Muchas escuelas enviaron los niños a casa y el cartel de “cerrado” presidía buena parte de los edificios oficiales. La Generalitat quiso demostrar que puede paralizar Cataluña si se lo plantea.

Las manifestaciones celebradas a mediodía y a última hora de la tarde reunieron a miles de personas en Barcelona. La Guardia Urbana cifró la asistencia a las marchas durante la jornada en 700.000 personas. Grupos estudiantiles próximos a la CUP convocaron acampadas en el centro de la ciudad a través de las redes sociales. El objetivo siempre es el mismo: aumentar la presión sobre los políticos independentistas para que no demoren más la secesión.

La jornada mostró una notoria ausencia de políticos en Cataluña. El Gobierno de Carles Puigdemont, comenzando por el president, estuvo desaparecido del primer plano.

Un preámbulo

Fuentes próximas al Govern admiten que la huelga pretendía ser un preámbulo para mantener en alto los ánimos de las bases independentistas a la espera del siguiente paso: que el Parlamento decida los próximos días si aplica, y cómo, la ley del referéndum (suspendida por el Tribunal Constitucional), que prevé declarar la independencia tras acabar el recuento de los votos. Este recuento, repleto de anomalías y carente de cualquier garantía, acabará hoy, lo que dibuja la celebración de este pleno parlamentario a partir de mañana. El debate interno en el independentismo se centra ahora en si se debe aprobar una declaración secesionista en el Parlament seguida de unas elecciones constituyentes que, de alguna manera, puedan otorgar cierta legitimidad a la separación, o si se limitan a proclamar la independencia.

La movilización de ayer aunó a todas las facciones independentistas y sumó a parte de los ciudadanos indignados por las cargas policiales del domingo. La CUP, el partido antisistema que ha conducido en buena medida el proceso separatista los últimos dos años, tuvo protagonismo en las manifestaciones, pero la protesta llegó mucho más allá. El resto de partidos soberanistas también participaron y fue relevante el apoyo de la alcaldesa barcelonesa, Ada Colau, quien jaleó las marchas también en las redes sociales.

La jornada en la capital catalana transcurrió sin ningún incidente grave. Sin embargo, el ambiente dominante dista de las marchas festivas que han caracterizado las grandes manifestaciones independentistas, por ejemplo las Diadas desde 2012. Las protestas coincidieron con un aumento de los actos de acoso a la Policía y la Guardia Civil. Grupos independentistas intentan expulsarlos de los hoteles donde duermen y de hecho lo han logrado en localidades como Calella (Barcelona).

La preocupación en el Gobierno es máxima, ya que los actos de protesta coincidieron con la aparición de las primeras grietas entre los partidos nacionales que los últimos días habían mantenido una posición conjunta frente al desafío planteado en Cataluña. El PSOE pidió la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la actuación de los agentes el domingo.

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