Los columnistas tibios

La versión que están dando una buena parte de los medios de comunicación catalanes sobre lo sucedido durante los últimos días es un modelo de cómo puede entenderse el mundo al revés.

Más información

Pedro Sánchez pide “prudencia” al fiscal general con Cataluña

La declaración unilateral de independencia enfrenta al PDeCAT y la CUP

La ANC denuncia la intervención de su página web por la Guardia Civil

No me refiero a los medios declaradamente favorables al separatismo sino a la prensa que aparenta ser moderada y no declaradamente partidista, aunque en la práctica, bajo una aparente equidistancia, se decanta descaradamente, en situaciones límite, del bando de “los nuestros”. Al final, y es la prueba del nueve, siempre concluyen que la culpa de todo lo que está sucediendo es de Rajoy, o de Aznar. Son los tibios en el sentido evangélico de la palabra. Así denominaba a este tipo de gente mi maestro Manuel Jiménez de Parga.

¿Qué ha pasado en este mes de septiembre? En todo caso, nada sorprendente. Puigdemont y los suyos han cumplido con la palabra dada: referéndum (legal) o referéndum (ilegal) y, si no, declaración unilateral de independencia. Esto segundo todavía no es seguro aunque quizás esté ya decidido, pero lo primero sí: se insiste en llevar a cabo un referéndum el domingo al margen de la legalidad. Sus propulsores saben perfectamente, lo sabían de antemano hace meses, más de 18 meses, que dicho referéndum no tendrá lugar. Nuestro Estado de Derecho tiene suficientes resortes legales para impedirlo, para que la ley se cumpla, como está sucediendo.

Pues bien, este mes de septiembre nuestros tibios columnistas no se escandalizaron cuando el Parlament aprobó, por un procedimiento opaco, nada participativo y claramente antijurídico, con advertencias públicas sobre esto último de los letrados de la cámara catalana y del Consejo de Garantías Estatutarias. A lo más, los tibios se limitaron a comentar que se trataba de un error, una equivocación que perjudicaba la causa del separatismo. No dijeron que la escandalosa aprobación de ambas leyes, más allá de cuestiones de procedimiento, era un espectacular atentado al orden constitucional, una forma de golpe de Estado: se sustituía la Constitución vigente por otra distinta sin respetar los procedimientos de su reforma.

En efecto, el contenido de las dos leyes aprobadas es indiscutiblemente contrario al derecho vigente. Para darse cuenta inmediata, basta sólo con leer los tres primeros artículos de la ley del referéndum: regula el ejercicio del derecho de autodeterminación, proclama que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña y establece que dicha ley es jerárquicamente superior a todas las demás normas del ordenamiento jurídico. Por su parte, la llamada ley de transitoriedad jurídica, en realidad de fundación de la República catalana, es una aberración todavía mayor pues consiste en una mini constitución, por cierto escasamente democrática, cuya vigencia durará un año hasta que se apruebe la Constitución definitiva. Ambas leyes están suspendidas por el Tribunal Constitucional debido a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos rápidamente por el Gobierno.

Pues bien, ante tamaños desafueros, nuestros tibios columnistas dijeron, a lo más, que era un error, pero no un evidente ataque frontal al Estado de derecho y a la democracia. Un error, un simple error, achacable seguramente a los chicos de la CUP, a los que siempre pintan como los malos de la película para exonerar de responsabilidades a Junts pel Sí. ¡Ay, si no fuera por la CUP, que bien lo harían Puigdemont y Junqueras!, parecen decir siempre nuestros farisaicos columnistas. Se limitaron a decir eso: un error, un error de la CUP.

En cambio, cuando en un procedimiento iniciado en febrero de este año, a instancia no del Gobierno sino de particulares, el juez instructor de la causa ordena registrar la Consejería de Economía y manda detener a determinados altos cargos para que presten declaración, todo perfectamente legal y con medidas proporcionadas a las finalidades, nuestro columnistas se echan las manos a la cabeza: ¡Ahí está el represivo Estado español!. Y cuando se concentran ante el edificio miles de ciudadanos que, ante la ineficacia de los Mossos, impiden durante 23 horas la salida de los guardias civiles encargados del registro por el juez y destrozan tres de sus coches oficiales, nuestros amables y tibios columnistas no se escandalizan de estas evidentes formas de violencia sino de la decisión de un juez al que se acusa de estar bajo las órdenes de Rajoy.

Cuando se ataca al Estado de Derecho es un error, cuando se le defiende un ataque. Siempre ven el mundo al revés.