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Debilidad desconcertante del Gobierno

A Rajoy le quedan 10 días para demostrar que la Constitución sigue vigente

Mariano Rajoy en Barcelona antes de reunirse con el PP de Cataluña.
Mariano Rajoy en Barcelona antes de reunirse con el PP de Cataluña. AP

La situación política española comienza a ser más que alarmante debido a varios factores, todos ellos relacionados entre sí.

En primer lugar, desde la sesión en que el Parlamento de Cataluña aprobó las leyes de referéndum y de fundación de un nuevo Estado catalán, ambas suspendidas por el Tribunal Constitucional a la espera de su obvia declaración de nulidad, las autoridades de aquella comunidad no acatan la legislación vigente y la desafían día tras día de forma manifiesta, pública y ostentosa. Su actitud equivale a la de un golpe de Estado continuado, anunciado con más de 18 meses de antelación, sin que de momento nadie les impida seguir llevándolo a cabo.

En segundo lugar, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de múltiples declaraciones incomprensibles y contradictorias en su confuso estilo habitual, ha decidido apoyar a los independentistas de la antigua Convergència (hoy PDeCAT), ERC y la CUP en la celebración del referéndum inconstitucional del 1 de octubre. Ella sostiene que el referéndum no es una votación sino una movilización: esperemos que al disponerse a depositar su voto, en el caso de que encuentre el colegio electoral que le corresponde, no vaya a introducir en la urna una pancarta en lugar de una papeleta.

En tercer lugar, y todo va encajando, tal como acordaron durante una reciente cena en el domicilio del empresario Jaume Roures, se ha materializado ya el pacto entre los independentistas de ERC y la CUP con Podemos, y están organizando actos conjuntos. En otras palabras, se ha creado un frente político, de ámbito español, en el que confluyen las dos corrientes del populismo: la catalana independentista y la extrema izquierda española. ¿Contradictorio? En absoluto. Ambas corrientes son antiestablishment: pretenden desestabilizar el sistema político, lo que ellos llaman “régimen del 78”, e iniciar un nuevo proceso constituyente que otorgue la independencia a Cataluña y cambie la democracia española por otra de carácter distinto, a semejanza de ciertos países latinoamericanos. Así el problema ya no está solo centrado en Cataluña sino que se extiende a toda España.

Ante todo ello, el Gobierno de Mariano Rajoy da muestras de una desconcertante debilidad. Hasta ahora ha mandado a fiscales y jueces para que le resuelvan los problemas, sin asumir su responsabilidad con procedimientos políticos (artículos 155 y 116 de la Constitución) y un discurso en positivo, pedagógico y comprensible para los ciudadanos, sobre las ventajas de seguir unidos y los fatales riesgos de cambiar nuestro modelo democrático.

Le quedan 10 días para demostrar que la Constitución sigue vigente en todo el territorio español y que España no es un Estado fallido. Rajoy hasta hoy es considerado prudente pero se arriesga a que en el futuro se le considere patético.

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