TV-3 y Catalunya Ràdio siguen emitiendo el anuncio del referéndum

La televisión y la radio autonómica catalana continúan emitiendo el anuncio del referéndum independentista del próximo domingo a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Vicent Sanchis, el director de TV-3, defiende que continuará difundiéndolo pese a las advertencias del Alto Tribunal porque tiene la cobertura de la ley catalana que ampara la votación. Esta norma, sin embargo, también está suspendida por el Constitucional.

“A mí se me requiere que deje de atender una ley que un alto tribunal español considera que no es constitucional (...) mientras la Generalitat esté aplicándola [la ley del referéndum] y cumpliéndola, está vigente”, aseguró Sanchis el pasado viernes en el programa Preguntes freqüents de la televisión catalana.

El 13 de septiembre, Sanchis recibió la notificación del TC en la que se le pedía dejar de emitir la publicidad. El anuncio desapareció de la televisión pero a los dos días se emitió otro. En medio, se celebró una reunión de la comisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en la que se abordó el tema y la presidenta del consejo de gobierno, Núria Llorach, argumentó que se había dejado de emitir el primer spot porque se había finalizado el tiempo establecido.

Llorach, en funciones, aseguró entonces que no se pondría en peligro a los funcionarios ante la orden judicial que suspendía las emisiones. Fuentes de la CCMA aseguran que por tanto Sanchis y Saül Gordillo, director de la radio, firmaron la orden de emisión. Ese acto no sentó bien en la dirección de los medios, pues consideran que el consejo de gobierno de la Coporación, el máximo órgano, se está poniendo de lado ante una eventual acción del Constitucional. Con todo, ambas siguen emitiendo el anuncio.

De otro lado, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil denunció ayer a la periodista Mònica Terribas, directora del programa matinal de la radio catalana, por alentar a los oyentes a explicar los movimientos de la policía el día de los registros en varias dependencias de la Generalitat. Llorach calificó la denuncia de “un nuevo intento de intimidación a la libertad de los medios”.