Los dilemas de seguridad

La Generalitat que preside Carles Puigdemont parece haberse inhibido en el ejercicio de la autoridad legítima, dada la servidumbre debida a la CUP o a grupos de choque como son la ANC o Òmnium Cultural. Por eso puede suponerse que la sociedad catalana ya tiene un problema de orden público que se va a prolongar por lo menos hasta el 1 de octubre. Difícilmente dispone de autoridad un presidente de la Generalitat que actúa como un hackerpara burlar las regulaciones del Estado. Esa actitud tenía a los Mossos entre la espada y la pared, como policía autonómica y judicial. Si la seguridad del ciudadano es la primera de las obligaciones de todo Gobierno, ¿no sería perentorio distinguir entre manifestantes pacíficos y activistas de la violencia callejera? No es lo mismo expresar la aspiración secesionista en la calle que destruir coches de la Guardia Civil. Tampoco está claro que quienes —políticos, funcionarios— propugnan la no participación en un proceso ilegal puedan sentirse seguros. El hecho es que la autoridad institucional de la Generalitat fue inmolada por Puigdemont el día en que la sojuzgó a la CUP. Desde entonces, estuviera prevista o no la capacidad reactiva del Estado, pisamos territorio desconocido e imprevisible.

El confusionismo del proceso de desconexión actúa como si Barcelona pudiese haber olvidado el atentado de La Rambla. En realidad, la dialéctica secesionista raramente entra en cuestiones de seguridad, tal vez porque ya por sí misma implica inseguridad o porque asume que una República catalana independiente sería más segura que la Cataluña de ahora. Es un perfil arcaicamente particularista si tenemos en cuenta hasta qué punto toda Europa está en el dilema entre seguridad y libertad. Día y noche, las fuerzas de seguridad en Cataluña están trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente con respecto a un terrorismo yihadista poco mencionado por Carles Puigdemont, como si por no nombrarlo dejase de existir. Pero, por desgracia, Barcelona sigue siendo un objetivo del terrorismo islamista, como París o Londres. Sin embargo, los estrategas secesionistas no explican cómo sería la seguridad pública en el caso hipotético de una ruptura con España. Ahora que parece incontrovertible que una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea, ¿qué peso tendría la reivindicación de un canal informativo entre los Mossos y Europol? Estos días, los manifestantes más agresivos han coreado un “fora Europa” que intranquiliza. Y si hablamos del atentado de La Rambla, habrá quien ya pregunte: ¿qué atentado? Del “no tinc por” al terrorismo al “no tinc por” al Estado, la duración fue la de un nanosegundo, quizás porque el choque emocional del atentado tenía que dejar espacio al nuevo estallido emocional de la épica independentista.

Desacatar al Tribunal Constitucional y a la vez presentar recursos tiene un toque de entelequia y de improvisación que por un lado deja perplejos a parte de los catalanes y por la otra satisface a los partidarios de la separación a cualquier precio. El 1 de octubre llegaremos a una situación límite. ¿Qué seguridad legal es sostenible? En general, es un referéndum sin urnas, sin papeletas, sin mesas debidamente constituidas, sin ley, sin colegios electorales, sin difusión postal, sin junta electoral, sin recuento con garantías, inasequible a los requisitos de la Comisión de Venecia. Es una inseguridad tampoco mencionada por la épica de los alcaldes con vara, como si fuera un argumento perverso, porque genera miedo. En realidad, exponer los dilemas de seguridad es una característica del pluralismo necesario. Por eso tampoco se habla de los pros y contras de los flujos inmigratorios como si una Cataluña independiente tuviera —aunque no se diga cuál— una solución mágica para un problema que inquieta a toda Europa.

A pesar de los informes de la banca internacional sobre los riesgos económicos de la secesión o las calificaciones negativas de la deuda pública catalana, el independentismo sostiene que el nivel de vida mejoraría con la independencia. Pero los analistas de la Banca Berenberg —por ejemplo— dicen que la secesión es “virtualmente imposible” y, al mismo tiempo, inversores extranjeros piden, por si acaso, claúsulas “antiprocés” en los contratos firmados en Cataluña. No es una anécdota que la inseguridad contractual contravenga toda la historia comercial e industrial de Cataluña. La incertidumbre daña la confianza institucional y altera dinámicas económicas. Pero, claro, a esto se le llama discurso del miedo.

Valentí Puig es escritor.