La Sindicatura del referéndum se disuelve para evitar las multas del Tribunal Constitucional
"El trabajo ya estaba muy avanzado y ahora recaerá en académicos", dice el ex presidente del ente, Jordi Matas
La Sindicatura Electoral del referéndum, que debía asumir funciones análogas a las de una junta electoral, se disolvió ayer después de que el Tribunal Constitucional impusiera a sus siete miembros y a los 15 de las demarcaciones territoriales multas diarias de entre 12.000 y 6.000 euros respectivamente. El tribunal les conminó a demostrar que han revocado sus decisiones previa renuncia a sus cargos para librarse de las sanciones. La medida supone otro revés al 1 de octubre. El Govern replicó que académicos internacionales asumirán las funciones de la sindicatura.
Los miembros de la Sindicatura no fueron los únicos multados por el Tribunal Constitucional. También fue sancionado Josep Maria Jové, secretario general de Presidencia y número dosdel vicepresidente Oriol Junqueras. El Ejecutivo catalán celebró ayer una reunión de urgencia para tomar medidas y blindar a Jové, uno de los cargos detenidos en la operación de la Guardia Civil contra el referéndum. El Govern le destituyó para liberarlo de pagar 12.000 euros al día.
Durante una comparecencia en el Palau de la Generalitat, el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, informó de ese acuerdo y, a preguntas de los periodistas, se desentendió aparentemente de la situación en la que estaban los miembros de la Sindicatura al alegar que se trataba de un órgano independiente. Sin embargo, poco después, a través de las redes sociales, el Govern informó que había pedido a la Sindicatura que cediera “el relevo” a organismos académicos e internacionales para “garantizar” el 1 de octubre. La renuncia de los miembros de la Sindicatura llegó al Constitucional antes de las tres de la tarde.
Junqueras quitó hierro a la disolución del organismo y aseguró que “no pone en riego” el referéndum porque “afortunadamente garantías hay muchas, y la mayor de todas es el compromiso de los ciudadanos". No se conocían ayer quienes serán los miembros de los entes internacionales asumirán a partir de ahora las funciones de la sindicatura.
El auto del Constitucional, dictado el miércoles, era taxativo con la imposición de las sanciones a los cinco miembros de la sindicatura y a los dos suplentes que integraban el órgano. El Alto Tribunal les conminaba a demostrar y presentar pruebas de que habían revocado todas sus decisiones previa renuncia a sus cargos para librarse de las sanciones. En caso contrario, se empezarán a aplicar a partir de las 10.00 de la mañana de hoy.
Los afectados son el presidente son Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona; Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat; la abogada Marta Alsina; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma. Además, afectaba otros dos juristas suplentes: Josep Costa y Eva Labarta. La Sindicatura había desplegado cinco demarcaciones territoriales (una por cada provincia más de la Vall d'Aran) cada una con tres juristas. Los 15 personas fueron multadas con 6.000 euros diarios.
Escrito de renuncia
Miembros de la Sindicatura, aseguraron ayer que el trabajo del ente estaba ya “muy avanzado” y que los asuntos pendientes quedarían en manos de académicos y expertos internacionales que “velarán por las garantías del proceso”. Los juristas han presentado al Constitucional un escrito en el que plantean su renuncia y en el que aseguran que exponen suficientes argumentos para dejar inactivas las multas. Los miembros de la Sindicatura estudian también recurrir a tribunales internacionales al considerar que no se han respetado sus derechos procesales.
El artículo primero de la ley del referéndum recoge la creación de este órgano fallido y que era la piedra angular sobre la que se desplegaba toda la logística para constituir las sindicaturas de demarcación, las secciones y mesas electorales y de acreditar a los apoderados, interventores y observadores internacionales. Además de organizar la infraestructura, era el órgano responsable de velar por el recuento del escrutinio que la ley prevé divulgar oficialmente el 3 de octubre. Por tanto, la asignación de principal tarea que se le encomendó no se sabe quién la ejecutará.
El artículo 15 de la ley del referéndum, ahora suspendida, contemplaba que el Ejecutivo y la Sindicatura deben fomentar la presencia de observadores que serían acreditados por la Sindicatura. La norma preveía que pudieran ser testigos de los procesos de sorteo de los miembros de las mesas, de la preparación de la apertura de los colegios electorales y de la función de las mesas; del proceso de votación; del de escrutinio en la sede de la Sindicatura —el Parlament— la proclamación de los resultados y las comparecencias públicas.
La elección de los miembros de la sindicatura estuvo rodeada de polémica. El pasado día 7, durante el larguísimo pleno en que Junts pel Sí y la CUP aprobaron la ley del referéndum, se procedió a su designación a propuesta de los grupos independentistas. Ambas formaciones recurrieron al artículo del reglamento de la Cámara que permite modificar el orden del día para incluir el nombramiento. Las prisas intentaban completar toda la arquitectura necesaria para tirar adelante del referéndum antes de que el Gobierno presentara un recurso ante el Constitucional. La oposición rehusó a participar en la elección porque consideró la tramitación ilegal y que vulneraba sus derechos
