Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Independencia y mileurismo

Es bueno tener utopías, pero sin perder de vista que la vida es lo que pasa ante los ojos mientras se proyecta el futuro

Junqueras y Puigdemont, al Parlament.
Junqueras y Puigdemont, al Parlament. Albert Garcia

Tarde del miércoles. Hospital de la Vall d’Hebron. En lo que debió ser un amplio pasillo que comunicaba los boxes de urgencias se amontonan una veintena de enfermos en otras tantas camas. Le llaman el ruedo. Las columnas de la nueva sala y los cristales de las ventanas de los boxes tienen una función añadida: gracias a los números pegados a ellos, el personal sanitario localiza la ubicación de las camas de los pacientes. Hay un único lavabo para los enfermos que pueden llegar a él. Carece de pestillo. Los más físicamente impedidos hacen sus necesidades a la vista del público en general, pues en la sala no hay cortinas que garanticen una mínima intimidad. El personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares y personal de limpieza, gracias a su trabajo, esfuerzo y humanidad, aportan la decencia de la que a veces adolece la Administración. Hay enfermos tan dispares como Josep —un anciano postrado en la cama y con aspecto terminal que palia su grave insuficiencia respiratoria con oxigenoterapia— y María, una mujer joven que espera un ingreso en planta para que le realicen un seguimiento del trasplante al que ha sido sometida. Lo que tienen en común es que comparten esa especie Charenton, que amortigua la buena disposición de un personal sanitario entregado a los pacientes.

A la misma hora, en el Parlament, una mayoría de diputados trata de hacer realidad la frase atribuida a Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios. Pasan más de 48 largas horas y cuando termina el debate de la ley de Transitoriedad, María sigue en urgencias. Ha podido seguir todo el debate de desconexión desde allí.

En la Cataluña independiente seguro que no será necesario, pero en la España actual parece ser que saltarse la legalidad es la única forma de que prevalezca la justicia. Y esa regla tan sugerente para urgencias soberanistas, ¿también es de aplicación para otros derechos básicos: atención sanitaria, servicios sociales, derecho a la vivienda? Rechazar los ajustes presupuestarios también supone desobedecer al Estado. Claro que, en ocasiones, esa nueva mayoría libertadora parece no sentirse mal del todo con la sumisión a ciertas cadenas del centralismo.

La gran desobediencia, la secesionista, ha engullido a todas las demás. Los presupuestos aprobados el año pasado para 2017 eran imprescindibles, eran “la gasolina” de la independencia. La gran coartada era afirmar que iba a ser prioritario el gasto social. El objetivo era asegurarse el voto de la CUP. Pero la experiencia iba a ser tan breve como la campaña maoísta “que cien flores se abran y cien escuelas compitan”. Desde el año pasado no se habla de recortes sanitarios. Las listas de espera para tratar el dolor crónico llegan a los 11 meses.

En otro frente, la Mesa del Tercer Sector ha vivido un cisma, pues a principios del verano diversas entidades denunciaron sentirse utilizadas, después de que tras el pleno sobre la pobreza, el Ejecutivo catalán incumpliera reiteradamente las resoluciones parlamentarias. Como los sindicatos fagocitados por el partido, la mayoría de asociaciones aseguraron sentirse correas de transmisión del Ejecutivo. La autonomía era sacrificada en el altar del bien supremo del soberanismo.

Los jóvenes que solían ver el mar bajo los adoquines creían que la revolución iba a acabar con todas las contradicciones. Ahora es el independentismo el que ha asumido esos poderes taumatúrgicos. Es bueno tener utopías, pero sin perder de vista que la vida es lo que pasa ante los ojos mientras se proyecta el futuro.

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Quizás es bueno un anticipo, aunque sea breve, de lo que será el nuevo reino de la armonía. En esta semana de prodigios y para no desentonar, un informe del Ayuntamiento de Barcelona ha establecido que un 33% de los trabajadores que residen en la capital catalana son mileuristas y que un 65% de los jóvenes por debajo de 30 años cobran menos de mil euros al mes. El alquiler medio de una vivienda en la ciudad, según datos de la Generalitat de julio pasado, es de 845 euros. He ahí una buena oportunidad para poner en práctica que el fin justifica los medios. En el civilizado norte fuerzas políticas no extremistas controlan suelo y alquileres.

A la vista de este impracticable presente, no está de más dedicar algunos esfuerzos de ese futuro esplendoroso a hacer pequeños cambios.

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