Barcelona y los grandes municipios rechazan organizar el referéndum

Barcelona y otros seis municipios catalanes de más de 100.000 habitantes —y que reúnen más de un tercio del total de la población— se negaron ayer a la demanda del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para ceder locales municipales para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los Ayuntamientos argumentan que las disposiciones del Tribunal Constitucional impiden realizar estos preparativos. Otros 654 municipios, la mayoría de pequeño tamaño, han aprobado un decreto expresando su compromiso a colaborar con la votación pese a las advertencias legales.

“Reiteramos nuestro compromiso como Ayuntamiento para que en Barcelona se pueda ejercer el derecho a participación siempre que no ponga en riesgo la institución y sus funcionarios”, dijo ayer el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. El gobierno que preside Ada Colau no quiere alinearse con el Ejecutivo central y sigue reivindicando la posibilidad de celebrar la votación. Pero la alcaldesa tampoco quiere tomar ninguna decisión que la arriesgue a la inhabilitación. Ello explica que se niegue, al menos por ahora, a ceder los locales.

Tras confirmar que de momento no se van a ceder espacios de votación, Pisarello pidió a Puigdemont que explique cómo se puede votar sin poner en riesgo a los funcionarios, un asunto con el que los sindicatos han sido muy insistentes. Con este gesto busca mantener también la paz social dentro de su propio partido, comprometido con el referéndum y que tiene entre sus filas a varios independentistas. El propio Pisarello llamó esta misma semana a votar en el referéndum e incluso defendió “un sí crítico” a la independencia. El posicionamiento del equipo de gobierno barcelonés motivó ayer una manifestación convocada por los independentistas de la CUP frente al Ayuntamiento, en la que exigieron que se facilite la celebración del referéndum.

Con todo, el número dos de Colau recordó que “los trámites ordinarios [para facilitar la votación] han quedado afectados por la interlocutoria del Constitucional”. Es la misma línea argumental utilizada por otros municipios que ya rechazaron prestar sus locales, como L'Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramanet, en manos de los socialistas.

“Conforme a la legalidad vigente, no procede tramitar su petición”, dice la carta enviada por Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet, a Puigdemont. En ellas invoca las últimas providencias del Constitucional. Terrassa, Lleida, Tarragona y Mataró cierran la lista de los municipios con más de 100.000 habitantes que han negado ceder los locales donde habitualmente se celebran los comicios para el 1-O.

Badalona, Sabadell (donde gobiernan coaliciones de la CUP, ERC y Podemos) y Reus son los únicos grandes municipios que han anunciado que cederán los locales para la votación. Un portavoz de la vicepresidencia de la Generalitat declinó ayer explicar cuántos municipios han respondido a la petición del president. El plazo dado por Puigdemont era de 48 horas, que vencen hoy.

654 poblaciones a favor

“El mundo municipal catalán está plenamente comprometido con el referéndum”, dijo Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Esta asociación, junto con la Federación Catalana de Municipios, sí cuantifican el apoyo a la petición del president, a través de los decretos de alcaldía que especifican un apoyo a la organización del referéndum. Según ambas organizaciones, el 68% de los municipios catalanes, un total de 645, habían aprobado este documento. Estos municipios representan cerca del 41% de la población catalana.

El posicionamiento de los Ayuntamientos respecto a la solicitud de ceder los locales ya tiene las primeras consecuencias políticas. En Tiana (Barcelona), por ejemplo, ERC ha roto el pacto de Gobierno con PSC por declinar dar su apoyo a la votación. La decisión del alcalde socialista de Mataró, David Bote, de no facilitar los espacios municipales a pesar de una moción del pleno que se lo pedía también puede poner en entredicho su pacto de mandato con el PDeCAT. “Al asumir el cargo prometí cumplir la ley y hay que mantenerse fiel a lo que uno dice”, declaró Bote a la Cadena SER. En Barcelona, el PSC condiciona el apoyo al gobierno de Colau a que la alcaldesa no ponga las urnas el 1-O.

El delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Millo, envió una carta a todos los alcaldes. Se les advierte que deben “impedir” o “paralizar” el referéndum.