La Guardia Civil vigila una empresa que imprime documentos para el referéndum
La Generalitat niega haber realizado el encargo de listas para registrar a los votantes
La Guardia Civil se ha presentado en la tarde de este miércoles en la sede de la empresa Indugraf de Constantí (Tarragona) que, supuestamente, está imprimiendo parte del material necesario para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Según adelantó el martes el digital Diari La República, la empresa ha sido contratada para imprimir ejemplares de la llamada “lista numerada de votantes”, un documento de 24 páginas (escrito en catalán y castellano) que servirá para anotar a las personas que emitan su voto esa jornada. En ese documento figuran, también, instrucciones para los miembros de las mesas electorales.
Los agentes aparecieron por la tarde en el polígono industrial donde está ubicado Indugraf y controlaron los coches de los trabajadores para evitar que pudieran llevarse material. Por la noche estaban pendientes de que llegase la comitiva judicial para, previsiblemente, registrar la empresa en busca de pruebas de la confección de material para el referéndum. Consultados por EL PAÍS, tanto la Generalitat como el ayuntamiento han negado ser los responsables del encargo del material. La empresa ha asegurado que desconoce quién ha efectuado el encargo y quién pagará la factura.
El documento está escrito en catalán y castellano encabezado por la expresión Referéndum de Autodeterminación de Cataluña 2017. Lista numerada de votantes. A continuación se asegura que se trata de una "relación numerada y formalizada de electores que, en el referéndum de autodeterminación de Cataluña celebrado (figura un espacio en blanco para la fecha) han emitido su voto, con la expresión del orden con que lo han hecho y el número con que cada uno figura inscrito en el censo electoral".
La empresa, Indugraf Offset, es una imprenta que emplea a cerca de 40 trabajadores. Imprime diarios, semanarios, catálogos, revistas, calendarios y también embalajes, según la descripción de su página web. La Guardia Civil pretende averiguar, entre otras cosas, quién realizó el encargo y, por tanto, si se han empleado fondos públicos para un fin ilegal como es la celebración de la consulta.
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