El Gobierno valenciano blinda su modelo plurilingüe con un decreto ley

El pleno del Consell ha aprobado un decreto ley sobre plurilingüismo después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anulara parcialmente el aprobado el pasado enero donde se establecía un modelo trilingüe (valenciano, castellano e inglés). El programa lingüístico por el que apuesta el Gobierno valenciano se aplicará solo este curso a los alumnos de dos y tres años, mientras el resto de ciclos seguirá con el del curso pasado, de dos líneas (valenciano y castellano). 

Lo han anunciado este viernes la portavoz del Consell, Mònica Oltra y el consejero de Educación, Vicent Marzà en la comparecencia pública posterior al primer pleno del Ejecutivo autonómico tras las vacaciones de verano.

El decreto ley evita la disposición adicional quinta del decreto suspendido, donde se regulaba la certificación de conocimiento en lenguas, uno de los puntos cuestionados por el TSJCV en sus resoluciones. La norma aprobada en enero fue recurrida por la Diputación de Alicante, el PP y el sindicato CSIF, entre otros, al considerar que postergaba al castellano.

El conocido como decreto de plurilingüismo, ahora suspendido, elimina el sistema de dos líneas, en valenciano y en castellano, y lo sustituye por diferentes niveles de plurilingüismo que cada centro decide en función de su realidad social. Los programas son básico, medio y avanzado.

El aumento en la escala de plurilingüismo implicaba más horas de clase en inglés y, en paralelo, más de valenciano. Al acabar cada etapa educativa, los alumnos de los niveles medio y avanzado de plurilingüismo recibirán una acreditación oficial de forma automática de sus conocimientos de valenciano e inglés.

Uno de los problemas de legalidad que el TSJCV anticipó respecto al primer decreto era que el aumento de horas de inglés se vinculase al de horas de valenciano, así como que los diferentes niveles de plurilingüismo impliquen una diferente acreditación de conocimientos de idiomas al término de cada etapa educativa.

Marzá ha insistido en que el decreto con rango de ley aprobado "garantiza la normalidad en el inicio de curso", como ha exigido el PP valenciano, que hace ha amenazado al consejero con denunciarlo en los tribunales si no cumplía con el fallo del TSJCV y daba nuevas instrucciones antes del inicio de este curso.

A diferencia del decreto suspendido, el Consell se asegura con la fórmula del decreto ley que la nueva legislación solo pueda ser recurrida por el Gobierno español o por 50 diputados o senadores, y no lo que sucedió con el primer decreto, que ha sido impugnado por una decena de entidades y asociaciones. 

El decreto ley se aplicará en el curso 2017-2018 en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, en las aulas de Infantil de tres años y en las aulas experimentales de dos años, mientras que en los demás cursos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato continúan con los programas educativos del año pasado, de dos líneas.

Los tres niveles para este ciclo serán el A, en el que se dan entre 16 y 18 horas en valenciano, 4 en castellano, y de 0 a 2 horas en inglés; el B, donde se recibirán entre 8 y 9 horas en valenciano, entre 11 y 14 horas en castellano, y de 0 a 2 horas en inglés; y el C, donde se imparten 4 horas en valenciano, entre 16 y 18 horas en castellano, y de 0 a 2 horas en inglés.

Respeto a la matriculación

El decreto ley cumple los objetivos que la Generalitat quería alcanzar: seguridad en el inicio de curso para el alumnado, las familias y el profesorado valencianos y el cumplimiento de las decisiones judiciales, según el Consell. Marzà ha explicado que esta nueva norma respeta la opción de matriculación elegida por padres y madres de los alumnos de tres años. El resto de alumnos de ciclos superiores que se acogieron a la norma suspendida no podrán hacerlo este curso.

El consejero ha denunciado la "extrema irresponsabilidad" del PP por "internar generar caos cuando no hay caos" y que critiquen para "sacar votos" un modelo que tiene por objetivo que los niños aprendan de "forma eficiente" el valenciano, el castellano o el inglés. Por contra, ha recordado que con el sistema del Gobierno del PP "no llega al 30% los niños que dominaban el valenciano y un 6% los que dominaban el inglés". "Y son ellos los que no quieren que mejoren", se ha lamentado.

Marzà ha aclarado que esta medida es de exclusiva aplicación para este curso escolar y confía en el que próximo se pueda aplicar ya el decreto de plurilingüismo que "tiene plena vigencia académica" porque el objetivo de su Gobierno "no es de ego, sino que los niños aprendan". Por ello, se ha mostrado seguro de que el próximo año "habrá una normativa que no sea transitoria".

El anterior decreto recibió las críticas de la oposición, sobre todo del PP. Su presidenta en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, calificó el diseño de Educación de "chantaje lingüístico", al considerar que obliga a los padres a elegir más horas de valenciano para tener al mismo tiempo más horas en inglés.

El presidente de la Diputación de Alicante -que recurrió el decreto-, el popular César Sánchez, ha acusado al Consell de actuar "una vez más" de forma "unilateral" con la aprobación del decreto ley de plurilingüismo y ha advertido de que la institución seguirá "velando por los intereses de los padres de la Comunitat".

El grupo parlamentario Ciudadanos (Cs) en las Cortes Valencianas ha presentado una solicitud de reprobación al consejero de Educación "por llevar a la comunidad educativa al caos absoluto y anunciar, a apenas 10 días de empezar el curso, un nuevo decreto ley que solo es un parche.