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Puigdemont vuela el último puente

El nuevo Gobierno de consejeros comprometidos con la independencia hasta el final marca un punto de no retorno ante el referéndum del 1 de octubre

“Esto ya solo se para con detenciones”. La frase corresponde a un exalto cargo de la Generalitat, puede parecer desproporcionada e incluso incomprensible fuera de Cataluña, pero sintetiza el escenario político que parece que se ha abierto tras la formación de un Gobierno en el que todos los consejeros dicen dispuestos a llegar hasta el final con el referéndum del 1 de octubre y las consecuencias judiciales que se puedan derivar.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras anuncian el nuevo Gobierno.

“Es un equipo de hooligans, sin distinciones”, insiste la misma fuente para definir al nuevo Gobierno catalán. No es que los tres consejeros salientes (Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz) no fuesen independentistas, sino que defendían otra manera de hacer las cosas, tratando de evitar el escenario del enfrentamiento que se presagia. De ahí que cuando Carles Puigdemont les consultó uno a uno hasta donde estaban dispuestos a llegar, los tres decidieran saltar del barco, aunque por motivos distintos. Su marcha marca un punto de no retorno y acaba con las voces más moderadas. El último puente de diálogo que podía suponer su presencia en la plaza de Sant Jaume ha saltado por los aires.

Puigdemont ya era independentista cuando en Cataluña esa era una opción residual y en su adolescencia le pedía a su madre que le cosiera una bandera estelada con trozos de tela sobre una senyera, porque entonces no se podía comprar en el bazar chino de la esquina. El president tiene ahora un equipo a su gusto, sin las herencias de obligada aceptación que le dejó Artur Mas, para encarar los 77 días que quedan hasta el 1 de octubre, sin importarle demasiado el precio del desgaste que ha pagado el PDeCAT, el partido al que formalmente pertenece y con el que cada vez parece marcar más distancia.

Munté se ha ido del Govern después de haber constatado una absoluta pérdida de confianza. El detonante se produjo el pasado 21 de febrero, cuando la portavoz de la Generalitat salió en una rueda de prensa tras la reunión semanal en el Palau de la Generalitat y negó categóricamente que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se hubiesen entrevistado en La Moncloa el 11 de enero.

En aquella época el líder del PP aún confiaba en que el president asistiera a la conferencia de presidentes e intentó, sin éxito, persuadirle. El 22 de febrero, al día siguiente del desmentido de Munté, la Generalitat confirmó el encuentro. Puigdemont la había engañado y la relación no se recondujo con el paso de los meses.

La renuncia de Meritxell Ruiz responde más a razones familiares. Es madre de dos hijos de corta edad y el escenario de una condena de prisión que les aleje de ellos le produce un enorme vértigo. En el caso de Jordi Jané, que había sido diputado en el Congreso durante 16 años por CiU, siete de ellos como vicepresidente, la renuncia obedece también al deseo de esquivar las consecuencias de una sentencia condenatoria. Jané se marcha apenas unos días después de haber logrado todo un éxito político: que se reuniera la Junta de Seguridad de Cataluña después de casi nueve años en la que se decidió que los Mossos d'Esquadra participarían en los foros antiterroristas.

“No hemos llegado hasta aquí para arrugarnos a la primera”, explica un diputado del PDeCAT para resumir el escenario que se abre tras la marcha de esos tres consejeros y de Joan Vidal de Ciurana, secretario general de la Presidencia. Después de meses de insistencia por parte de Puigdemont, Oriol Junqueras ha aceptado asumir los preparativos del referéndum y ponerse al frente, pero con la condición de que las decisiones sean colegiadas. La primera se producirá el próximo martes, con un acuerdo de Govern para comprar las urnas que habrá que ver que firmas lleva.

Después vendrá la aprobación de la ley del referéndum que votarán 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP, otro acto que Rajoy llevará también al Tribunal Constitucional y finalmente el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Desde el Gobierno se invoca el cumplimiento de la ley como antídoto contra el referéndum y en ocasiones se olvida la determinación que parece tener el Gobierno catalán para seguir adelante con sus pretensiones. El tablero de juego está situado en un escenario de acción-reacción, en el que se promete proporcionalidad por parte de Rajoy sin considerar que Puigdemont y sus consejeros anuncian que no se darán por aludidos si se les inhabilita o se les suspende de sus funciones porque están dispuestos a ignorar esa ley. Al menos eso dicen.

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