Oriol Pujol acepta dos años y medio de prisión por el caso de las ITV

Oriol Pujol, exdiputado en el Parlament por Convergència y ex secretario general del partido, ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción una pena de dos años y medio de cárcel por el cobro de comisiones ilegales en la reordenación del sector de las ITV en Cataluña y la deslocalización de las multinacionales japonesas Sony, Yamaha y Sharp. El acuerdo llega tras más de un año de negociaciones después de que la Fiscalía hubiera solicitado cinco años de cárcel para Pujol, al que acusa de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.

Así ha quedado de manifiesto esta mañana en una vista celebrada en el Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, que era el paso previo a la apertura de juicio con jurado popular. La esposa de Pujol, Anna Vidal, y los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou se han conformado con penas de multa.

La exoneración de Vidal es una de las claves del caso y explica por qué el hijo del expresidente catalán ha aceptado una pena que puede llevarle a ingresar en prisión por un caso que supuso el fin de su carrera política. Según demostraron las investigaciones, fue precisamente a través de supuestos trabajos de consultoría de su esposa cómo Pujol cobró desde la empresa Alta Partners las comisiones ilegales.

El caso, sin embargo, no está cerrado ya que se trata de un pacto parcial debido a que otros dos acusados —el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, y el amigo íntimo de Pujol y socio de Alta Partners, Sergio Alsina— no se han sumado al acuerdo. Será el presidente del tribunal que deba juzgar el caso el que decidirá en los próximos meses si da por buena la conformidad formalizada hoy por el exdirigente de Convergència.

Las acusaciones contra Oriol Pujol se centraban en dos casos principales. El primero, por tráfico de influencias, tiene que ver con las maniobras y gestiones hechas por el exdiputado  para beneficiar a empresarios amigos con la adjudicación de estaciones de ITV. Según los fiscales Teresa Duerto y Fernando Maldonado, Pujol “aprovechó” su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament y secretario general de Convergència para colocar en el Departamento de Industria a un hombre de su absoluta confianza, Josep Tous, quien favoreció a los elegidos por Pujol. Por ello, Sergi Alsina “retribuyó mensualmente” a Pujol con 2.360 euros mensuales, una parte del dinero que Alta Partners recibía de un empresario de las ITV “a cambio de sus influencias políticas".

Si la reordenación del sector marcó el inicio de las investigaciones, estas dieron pronto un salto al segundo gracias a las escuchas telefónicas. Estas evidenciaron una maraña de favores políticos y comisiones ilegales —Pujol llegó a cobrar otros 700.000 euros— en los procesos de deslocalización de Sony, Sharp y Yamaha.

El exdiputado se “coordinó” con su amigo Alsina, de modo que éste logró ser contratado para hacer de intermediario en la operación de Sony. Cobró 3,2 millones de euros. Una mecánica que se repitió en el caso de Yamaha, otra multinacional que abandonó Cataluña en 2012. Por el “éxito” de la operación, Alsina cobró otros 4,2 millones. No lo habría logrado, cree el fiscal, sin la “intervención directa” de Pujol.

Una investigación de EL PAÍS reveló el pasado mes de marzo que Convergència también se benefició de la deslocalización de la planta de Sharp, que fue adquirida por solo un euro por la empresa Cirsa. La multinacional catalana del juego hizo posteriormente donaciones al partido que ascendieron a 900.000 euros, el 3% exacto de los 30 millones que ganó Cirsa con la operación.