Borràs pide el archivo de su causa tras declararse desierto el concurso de urnas

La defensa de la consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el acta que declara desierto el concurso para la compra de las urnas para pedirle que archive la querella que presentó la Fiscalía a raíz de ese proceso de licitación. Según han informado fuentes jurídicas, los abogados de Borràs, representada por el despacho Molins & Silva, ampliarán en las próximas horas el recurso de súplica. Lo presentaron este lunes ante el TSJC para pedir que archivara la causa contra la consejera, aduciendo que las urnas licitadas podían ser usadas en distintos contextos, "todos ellos lícitos".

En la ampliación del recurso, la defensa de Borràs y de su exnúmero dos en Gobernación, Francesc Esteve, adjuntará el acta en la que el Departamento declara desierto el concurso y acuerda no homologar a ninguna de las dos empresas que aspiraban a suministrar urnas a la Generalitat, Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida.

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El equipo jurídico que defiende a la consejera considera que la declaración del concurso como desierto refuerza su tesis de que el proceso para la compra de urnas es legal, dado que estas pueden ser usadas para distintos procesos electorales o participativos lícitos, y que la querella de la Fiscalía supone un uso "preventivo" del derecho penal.

La Fiscalía se querelló contra Borràs y Esteve, por considerar que el acuerdo marco que publicó para la homologación de empresas suministradoras de urnas "enmascaraba" los preparativos del referéndum de independencia que el gobierno catalán ha anunciado para el próximo 1 de octubre. En su recurso presentado ayer contra la decisión del TSJC de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, la defensa de Borràs reprochaba al ministerio público que hiciera un "uso preventivo del derecho penal, dirigido a impedir lo que supuestamente alguien hará en un futuro".

La defensa de Borràs recordaba en su recurso que el 21 de marzo de 2017 el gobierno catalán adoptó un acuerdo que perseguía "autorizar el inicio de actuaciones administrativas necesarias dirigidas a la racionalización del gasto en materia de procesos electorales, consultas populares y procesos de participación ciudadana".

En ese sentido, los abogados argumentaban que las urnas licitadas "pueden ser necesarias en situaciones muy diversas, como elecciones sindicales en varios departamentos de la administración catalana, elecciones en consejos escolares y AMPA, elecciones a la junta de personal del SOC, claustros universitarios, cámaras agrarias, procesos participativos, etc.".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gobierno catalán, la portavoz del Govern Neus Munté ha reiterado asimismo que la querella de la Fiscalía contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, no tiene "ninguna base jurídica" y ha instado a "retirarla" porque, especialmente ahora, "no tiene ningún sentido".